La corrupción es una de las principales preocupaciones de la sociedad española. Supone un riesgo para la estabilidad del Estado de Derecho y para el ejercicio efectivo de la democracia. Pero la corrupción no se limita solo a los casos de personas que utilizan los cargos y los fondos públicos en beneficio propio. Hay en la sociedad española una manifestación de la corrupción que ahora está especialmente activa y que afecta a la propia estabilidad del sistema. Una corrupción que utiliza la violencia y la intimidación como medio de incidir en la vida social. Representantes y seguidores de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas mantienen una orquestada campaña contra diputados populares para que voten a favor de la Iniciativa Legislativa Popular que propone imponer la dación en pago con efecto retroactivo. Esta forma de hacer oír su voz ante quienes representan a la soberanía popular desmerece de la oportunidad y bondad de lo que reivindican. La insistencia con la que la izquierda radical manipula esta reivindicación es un síntoma preocupante de degradación política. Si algunos piensan conquistar el poder con la alteración de la convivencia social, llegando al chantaje y la presión sobre las familias de los diputados, están pervirtiendo la democracia. Nuestro sistema político tiene establecidos suficientes mecanismos de diálogo y debate público y de franca deliberación social y política. En democracia, los atajos se pagan.