El municipio valenciano de Barx, uno de los afectados por el incendio de Llutxent del pasado verano, ha registrado lluvias de más de mil litros por metro cuadrado desde el mes de agosto, datos que contrastan con el otoño "extremadamente seco" que se registró en la zona en el año 2017.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación que marcaba el pluviómetro en los municipios de la zona cambió "de forma radical" a partir del 10 de agosto, en el ecuador del incendio que tuvo lugar en Llutxent del 6 al 13 de agosto, que arrasó más de 3.100 hectáreas y obligó a evacuar a 3.000 personas.

En la precipitación mensual acumulada del año 2018, Aemet ha indicado que la localidad de Barx -situada a unos diez kilómetros de Llutxent- registró 312,9 l/m2 entre enero y julio, y 1.143 l/m2 entre agosto y noviembre.

En concreto, los datos muestran las precipitaciones hasta el 20 de noviembre en Barx y La Drova, que están a menos de dos kilómetros entre ellos, y reflejan el contraste entre una primavera de 2018 "muy seca" y un otoño con unos mil l/m2.

Las cifras que presenta el mes de agosto en Barx son 112,3 l/m2; las de septiembre, de 107,4 l/m2; en octubre, 237,4 l/m2, y en noviembre, hasta el día 20, de 686,6 l/m2.

Desde Aemet se recuerda que en la zona del incendio de Llutxent, entre octubre de 2017 y principios de agosto de 2018, había llovido "aproximadamente la mitad de lo que suele ser normal", y en la estación meteorológica se habían registrado 281,3 l/m2, cuando lo habitual entre esas fechas era superar los 500 l/m2.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el incendio, que se inició el 6 de agosto, afectó a una superficie de 3.146 hectáreas en los términos municipales de Llutxent, Pinet, Quatretonda, Barx, Gandía, Ador y Rótova, todos ellos en la provincia de Valencia.

El siniestro ocasionó notables daños en zonas de alto valor ecológico incluidas en la red europea Natura 2000 y otras figuras de protección autonómicas, además de en varios montes de utilidad pública e infraestructuras básicas públicas (carreteras o pistas forestales) y privadas (viviendas y fincas agrícolas).