La suerte de la presidenta de Brasil parece echada. La percepción general es que la dimisión de Dilma Rousseff es cuestión de días, a menos que quiera exponerse a una moción de censura o a que el Tribunal Supremo Electoral ordene repetir elecciones, ante las evidencias de que la compañía estatal Petrobras financió ilegalmente al Partido de los Trabajadores en 2014. El problema no acaba en Dilma. Brasil vive una grave crisis institucional, con cerca del 60% de los miembros del Congreso imputados por malas prácticas, a lo que se suma la peor crisis económica desde los años 30 del siglo XX. La renuncia de la presidenta dejaría paso a su número 2, Michel Temer, cuyo partido acaba de romper con Rousseff y negocia una mayoría alternativa. Es la solución que defienden los empresarios, aunque no está exenta de problemas, porque ese partido está también enfangado en casos de corrupción. La peor respuesta posible es, sin embargo, la huida adelante de Dilma y su nuevo ministro, el ex presidente Lula, no se sabe ya si nombrado para librarse de la justicia o para sacar a su pupila del atolladero. Lo peor no es que el legado histórico de Lula quede ensombrecido. La brecha social en el país está adquiriendo dimensiones realmente preocupantes, justamente en un semestre, con las Olimpiadas, que iba a ser el de la consolidación internacional definitiva de Brasil.