Asociaciones saharauis han lamentado este lunes que se haya puesto el foco en el ingreso, hace unas semanas, en el hospital San Pedro de Logroño, del presidente del Frente Polisario, Brahim Ghali, y no en la situación del pueblo saharaui después de más de 40 años.

Así lo ha subrayado, en una rueda informativa en Logroño, el portavoz de la Plataforma Bienvenidos Refugiados de La Rioja, José Manuel Calzada; junto al responsable de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Saharauis (CEAS), Enrique Gómez; y el presidente de la Asociación Riojana de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), José Tomás.

Tomás ha incidido en que este lunes se conmemora el 48 aniversario de la creación del Frente Polisario, "el movimiento de liberación nacional y único representante del pueblo saharaui".

Gómez, sobre el estado de salud de Ghali, quien se encuentra en la UCI del Hospital San Pedro por covid-19, ha precisado que "no tiene datos y si los tuviera, tampoco los difundiría al tratarse del ámbito privado".

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado en varias ocasiones que el Gobierno permitió la entrada en España de Ghali por razones "estrictamente humanitarias".

Gómez ha lamentado que, a pesar de que la RASD está reconocida por Naciones Unidas y es miembro fundador de la Unión Africana, el estado español no ha reconocido esta república.

Ha recordado que, en 2007, se presentó una querella en la Audiencia Nacional por parte de una asociación de familiares de desaparecidos saharauis contra once marroquíes y, un mes después, asociaciones pro-marroquíes respondieron con otra querella, en ambos casos por delitos de lesa humanidad.

En 2015, ha proseguido, el juez Pablo Ruz dictó un informe que reconocía "indicios de criminalidad" contra once miembros de las fuerzas armadas marroquíes por haber asesinado en 1976 y favorecido la desaparición de ciudadanos saharauis.

De la querella que se interpuso contra ciudadanos saharauis, entre quienes figura Ghali, no ha habido ningún requerimiento ni actuación judicial, ha aclarado Gómez.

Por su parte, Lacalzada ha recordado que no se puede obviar que el estado español ha hecho "dejación de su capacidad" para instruir un proceso de descolonización y favorecer la autodeterminación.

Así, ha subrayado que el estado español siempre se ha comportado de manera "ambigua" con la RASD y, desde el punto de vista diplomático, "no ha tenido el coraje de hacerse con la responsabilidad histórica que es seguir siendo la potencia administradora de un territorio sin descolonizar". EFE.

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