Tras reformar el pasado domingo la Constitución china para perpetuar al presidente Xi Jinping, los casi 3.000 diputados de la Asamblea Nacional Popular votan, entre este sábado y el martes, centralizar la Administración para reforzar aún más su poder. Además de crear una poderosa Comisión Nacional de Supervisión que vigilará a los funcionarios públicos y cuadros del Partido Comunista, la Asamblea dará el visto bueno a la fusión de ministerios y de los reguladores de la banca y los seguros. Por supuesto, lo aprobarán todo por mayoría absoluta porque la Asamblea no es más que el Parlamento “de pega” del autoritario régimen chino.

Aunque este órgano legislativo es el mayor del mundo y en teoría tiene capacidad para supervisar al Gobierno, es también el menos diverso y con menor debate político, ya que casi todos los diputados pertenecen al Partido Comunista y votan lo que se les ordena. Buena prueba de ello es que las enmiendas constitucionales para derogar el límite de dos mandatos presidenciales, que han permitido a Xi Jinping eternizarse en el cargo, fueron aprobadas por 2.958 votos a favor por solo dos en contra y tres abstenciones.

Eso no significa que no haya discusiones (siempre a puerta cerrada) y, en ocasiones, hasta disensiones internas, ya que ha habido leyes que han tardado años en ser aprobadas. Es el caso de la Ley de Propiedad, que fue redactada por primera vez en 1993 y aprobada finalmente por la Asamblea en 2007 tras siete revisiones por parte de su Comité Permanente. Como esta norma reconocía la propiedad privada y la equiparaba a la pública, base de cualquier sistema socialista, generó un intenso debate en el seno de un régimen que se sigue definiendo como comunista pese a haber abrazado el capitalismo más salvaje, controlado además por el Estado.

Para evitar tales divisiones, las nuevas leyes llegan a la Asamblea consensuadas y listas para su aprobación por parte de los diputados tras haber sido debatidas, analizadas y enmendadas por distintos comités. Por ese motivo, se considera embarazoso para el régimen que una disposición obtenga menos del 70 por ciento de votos a favor, como ocurrió en 1992 con la controvertida presa de las Tres Gargantas.

Al margen de estas polémicas puntuales, las sesiones de la Asamblea suelen ser más festivas que políticas, ya que la propaganda oficial las explota como uno de los pilares “democráticos” del régimen. Al contrario que en otros países, donde el Parlamento se reúne cada semana, el pleno de la Asamblea Nacional Popular se convoca una vez al año, siempre en marzo, y se celebra en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Construido por el arquitecto Zhang Bo, este monumental edificio de estilo soviético fue inaugurado en 1959 como una de las “Diez Grandes Construcciones” que conmemoraron el décimo aniversario de la fundación de la República Popular China. Ubicado en el lado occidental de la plaza de Tiananmen, es uno de los símbolos del poder del régimen al enclavarse junto a la entrada a la Ciudad Prohibida, presidida por el retrato del “padre de la patria”, Mao Zedong. Además, su cuerpo embalsamado se halla expuesto a los visitantes en el Mausoleo del “Gran Timonel”, en el centro de la plaza y frente al Museo Nacional de China.

Venidos de todos los rincones del país, algunos con los trajes tradicionales de sus minorías étnicas, los 3.000 diputados de la Asamblea acuden a Pekín para escuchar en la sesión inaugural el informe del Gobierno, leído por el primer ministro e interrumpido cada dos por tres por sonoros aplausos. Como en los días previos a la Asamblea se reúne la Conferencia Político-Consultiva del Pueblo Chino, un órgano asesor del poder legislativo formado por importantes personalidades que abarcan todos los espectros de la vida pública, dichos encuentros se conocen popularmente en mandarín como “Lianghui” (“Las dos sesiones”).

Dicha cita, en la que se fijan los objetivos económicos y sociales del año, supone el evento más importante del anodino calendario político chino y concita la atención de los medios nacionales y extranjeros. Pero, en las ruedas de prensa que dan los ministros y responsables del Gobierno, todas las preguntas han sido acordadas previamente para no abordar cuestiones sensibles, como la falta de libertades políticas y los derechos humanos, y aparentar ante las cámaras “normalidad democrática”.

Por ese motivo, la divertida indignación de una periodista china con la edulcorada pregunta de una compañera, captada por la televisión estatal CCTV, se ha vuelto viral en internet al poner de relieve la farsa que son dichas ruedas de prensa y, por extensión, la Asamblea. Para frenar la avalancha de comentarios que ha suscitado, la censura que impera en las redes sociales ha vetado el nombre de la expresiva periodista, al igual que las críticas a Xi Jinping por eternizarse en el poder.