En la declaración de Torra por un presunto delito de desobediencia se han mezclado las desautorizaciones a la Junta Electoral Central y la defensa de una supuesta legitimidad al margen de la ley. El presidente de la Generalitat ha querido argumentar que la pancarta en favor de los políticos que estaban en la cárcel respondía a un amplio consenso, a la voluntad del pueblo catalán y a la necesidad de no olvidar. Torra ha aludido expresamente a encuestas.

Hemos asistido al doble juego tradicional del independentismo: se desacredita a los tribunales y luego se recurre a ellos. Se habla en nombre de una representación virtual y de sentimientos, y se elude cualquier racionalidad institucional.

La declaración de Torra invita a recordar lo que debería ser evidente. El Presidente de la Generalitat no está por encima de la ley, no puede utilizar los edificios públicos para hacer campaña en favor de una determinada opción ideológica en mitad de un proceso electoral. No puede atribuirse la representación de los catalanes para desobedecer. Torra representa a los catalanas en tanto en cuanto se atenga a su papel institucional. En la desobediencia solo se representa a sí mismo, quizás a los miembros de su partido, quizás a los votantes de los partidos independentistas. En ningún caso a todos los catalanes, en el mejor de los casos a una parte.

Se ha hecho habitual hablar en nombre de Cataluña por parte de aquellos que no tienen ni la mitad de los votos, y que encarnan el proyecto de solo uno de cada tres catalanes.