Desde hace años la sombra de corrupción ha sobrevolado el Procés en Cataluña. No se trata de una mera sospecha puntual. Este tiempo ha arrojado pruebas más que suficientes de una corrupción estructural, de la que la que el poder político se ha aprovechado al tiempo que no ha dejado de agitar la bandera del independentismo. Desde el famoso 3% al que se refirió en su día Pasqual Maragall en sede parlamentaria hasta las condenas a miembros de la familia Pujol, los escándalos han sido una constante.

En las últimas horas la Policía Nacional está llevando a cabo un operativo contra una trama de corrupción que habría sido utilizada de forma fraudulenta para financiar el Procés. También esta mañana ha sido registrado el domicilio y el despacho de Gonzalo Boye, abogado del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Se trata, en este caso, de un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con fondos procedentes del tráfico de drogas.

Es muy posible que quienes hacen seguidismo de la causa, desde la visceralidad y la ideología, no den demasiada importancia a estos hechos, pero el conjunto de la sociedad catalana necesita mirarlos a la cara y depurar responsabilidades, empezando por el plano moral y sus derivadas políticas. Esto forma parte de la reconstrucción de la convivencia social y de la regeneración institucional que Cataluña necesita.