Hemos conocido hoy, apenas una semana después de las elecciones generales, la sentencia de la mayor causa de corrupción abierta en España. La esperada sentencia de los ERE, dictada por la Audiencia de Sevilla, establece penas de prisión e inhabilitación para varios altos cargos del PSOE andaluz, por su responsabilidad en una trama de corrupción que se extendió durante décadas, con el agravante de que esquilmaba los fondos que debían ir a las personas sin empleo.

El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha sido condenado a 6 años de prisión por delitos de malversación y prevaricación; el también expresidente, Manuel Chaves, a 9 años de inhabilitación especial por delitos de prevaricación. También han sido condenados a prisión otros nueve ex altos cargos, entre ellos, consejeros  y directores generales. Hay también otras condenas que conllevan pena de inhabilitación, como la que se le impone a la ex ministra del Gobierno Zapatero, Magdalena Álvarez.

La sentencia es contundente, asume prácticamente en su totalidad las tesis de la Fiscalía anticorrupción y desmiente a quienes han intentado quitar gravedad al caso o hacer creer que fallaron los procedimientos, sin más. Desde Podemos se han apresurado a decir que se trata de un asunto que no afecta al actual PSOE y, desde el propio Partido Socialista dejan caer que el presente escándalo es solo cosa del ámbito andaluz. Lo dicen quienes hicieron de la corrupción su particular “casus belli” para aliarse con extremistas y radicales, y hacer prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy, que no estaba implicado en ninguna causa.