El aumento considerable de la llegada de inmigrantes a España en los últimos días a través del Mediterráneo debe ser valorado de forma ponderada. Sin reducir, como hace el Gobierno, el impacto de lo que está sucediendo, pero también sin magnificarlo, como si se estuviera produciendo una invasión incontrolada. El número de inmigrantes que han llegado a través de las aguas del Mediterráneo es de algo menos de 17.000 personas en lo que va de año; a través de Ceuta y de Melilla son más de 3.000. Esto significa que seguramente acabemos duplicando las cifras de 2017, pero no supone una amenaza para el equilibro social ni la estabilidad del país. El problema es otro. Los sistemas de salvamento y los centros de acogida no están suficientemente dotados para hacer cumplir lo que establece la legislación española e internacional en términos de rescate, identificación, y en su caso, expulsión. También las fuerzas de seguridad necesitan herramientas adecuadas. Ha faltado previsión porque sabíamos que esto se iba a producir al cerrarse la vía libia de entrada a Europa.

Marruecos, por su parte, utiliza en estos momentos la presión sobre la frontera, como ya ha hecho en otras ocasiones, para reclamar más dinero de Europa y para solucionar problemas internos. Nuestro vecino del sur está molesto además con la posición de la justicia europea en el contencioso del Sahara y puede estar utilizando la situación en Ceuta y Melilla para presionar al Gobierno de Sánchez.