La pandemia y el temporal han sido aprovechados por el Gobierno para dar una vuelta de tuerca a su reforma del Poder Judicial. Lo han hecho, como en otros temas graves, sin debate, por sorpresa y saltándose las recomendaciones y aportaciones del propio Consejo del Poder Judicial, en el que han saltado las alarmas. Es una reforma que ataca de lleno su independencia, impide que el órgano de Gobierno de los Jueces pueda hacer nombramientos y, al final, silencia la voz de los Jueces en algunos procesos legislativos al prescindir de sus dictámenes. Los efectos de una reforma en estos términos serán inmediatos: desprestigio de la Justicia, desconfianza en la ciudadanía y pérdida de independencia. Todo con el fin de limitar los mecanismos de control y fiscalización del Ejecutivo.