El caso del rapero Hasél es un caso claramente instrumentalizado. Pero el conflicto entre la libertad de expresión y el discurso del odio es un problema real. La fricción entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales forma parte de la democracia clásica. Todos los sistemas constitucionales regulan esa frontera que no es siempre clara. Las soluciones jurídicas son diferentes. En Alemania, por ejemplo, hay pena de cárcel para conductas que exalten el nazismo. En España, las sentencias que han condenado por exaltación del terrorismo se han dictado cuando había muertos recientes. Los tribunales españoles han ido distinguiendo, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en qué casos se había producido incitación directa a la violencia. Es necesario encontrar una solución equilibrada al conflicto entre derechos. La solución jurídica es el último remedio, pero detrás de estos casos en los que se recurre a un discurso de odio existe un fracaso social.

El fracaso es que en estos supuestos se olvida el valor de las palabras, se olvidan las consecuencias de alimentar el odio. Todos los discursos de odio, sean o no una incitación directa a la violencia, tienen mucho en común: se trata de un nihilismo que recoge las viejas ideologías xenófobas y racistas. Simplemente nihilismo. El derecho no puede frenar por sí solo esa enfermedad. Es un problema de educación, en su sentido más profundo.