Cuando se aprobó la Constitución de 1978, la inmensa mayoría de los españoles asumió con entusiasmo un nuevo ciclo en la Historia de España basado en la reconciliación y en las libertades democráticas. Con la Constitución y la previa ley de amnistía aprobada en las Cortes, quedaba sin sentido el debate sobre reforma o ruptura que durante un tiempo ocupó a la izquierda. Sin embargo la Ley de Memoria Histórica promovida por Rodríguez Zapatero en 2007 supuso un giro en la actitud del PSOE, cuyo nuevo liderazgo no se sentía cómodo con los grandes acuerdos de la Transición.

El proyecto de ley de Memoria Democrática que ayer aprobó el Gobierno de Sánchez va mucho más allá de la ley de Zapatero y aspira a adoctrinar a toda la sociedad imponiendo una versión oficial de la historia, algo inconcebible en una democracia. En realidad es una enmienda al proceso de la Transición y un peligroso juego que provocará nuevas divisiones en un momento en que la sociedad necesita estar más unida que nunca.

Con esta ley no se busca hacer justicia a una parte de las víctimas de aquella época sino avanzar en la ruptura con el régimen del 78, consolidando la alianza del PSOE con las fuerzas contrarias al sistema constitucional. No es extraño que la portavoz de Bildu en el Congreso se jactara ayer de condicionar al Gobierno, como lo hace también ERC.

Habrá que examinar con detalle el encaje constitucional de este proyecto sectario, que puede poner en riesgo las libertades de conciencia, de educación y de expresión.