La decisión del Tribunal Superior del estado de Schlewig-Holstein de limitar la extradición de Puigdemont al delito de malversación, cerrando así la posibilidad de que fuera juzgado en España por rebelión, tiene importantes consecuencias jurídicas y políticas. El hecho de que el tribunal alemán entre a analizar el fondo de la cuestión supone extralimitarse en sus funciones y socavar los principios del sistema de la Euroorden, un modelo diseñado sobre la confianza para facilitar la cooperación judicial de los países de la Unión Europea. Hay que preguntarse qué pasaría si en ese Land alemán sus autoridades declarasen la independencia respecto de la República Federal, se fugaran y refugiaran en España, y un tribunal regional español declarase que esa actuación solo debía juzgarse por utilizar de forma inapropiada dinero público.

A la espera de si finalmente el juez Llarena decide renunciar a pedir la extradición y apela al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la actuación de la Corte alemana, lo que es inaceptable es que el gobierno de Sánchez se contente con que Puigdemont sea juzgado por delitos menores y se mantenga en un silencio demasiado elocuente. El gobierno no puede permanecer impasible mientras los independentistas arremeten contra la justicia española poniendo en entredicho nuestro sistema de garantías, y mientras siguen proclamando que en España hay presos políticos. La losa de los apoyos de Sánchez en la moción de censura empieza a pesar demasiado sobre el conjunto de los españoles.