Con escasa voluntad de consenso y diálogo con los implicados, se está perfilando el proyecto de ley de Educación del gobierno de Pedro Sánchez. El modelo que plantea no va a servir para superar las grandes lagunas de nuestro sistema educativo, se aleja del gran pacto escolar tantas veces anhelado y se orienta a limitar la libertad educativa en la práctica.

El proyecto establece la devolución a las Comunidades Autónomas de la regulación de la enseñanza de las lenguas cooficiales, recuperar los consejos escolares en su versión orginaria y eliminar las reválidas, entre otras propuestas. Pero además quiere limitar la educación concertada con la desaparición del criterio de la “demanda social” y acabar con la posibilidad del concierto a los centros de educación diferenciada, a pesar de lo establecido por el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, el gobierno socialista pretende devaluar, una vez más, la asignatura de Religión, al hacer desaparecer la materia alternativa para los alumnos que no la cursen, además de privar a la nota de esta asignatura de cualquier valor en el expediente académico. Esta propuesta de la ministra Celaá es contraria a los Acuerdos vigentes entre la Iglesia y el Estado, y significa un retroceso en la posibilidad de una educación integral moderna, que en la mayoría de los países europeos contempla la asignatura de Religión como una materia sustancial.