El Parlamento Europeo ha pedido por carta explicaciones al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el escándalo de los abusos a menores que estaban bajo la tutela de la Administración Pública en Baleares. Al menos 16 menores podrían haber sido víctimas directas.

Desde el tripartito que gobierna en las islas, con la socialista Francina Armengol a la cabeza y la compañía de sus socios de Unidas Podemos y los nacionalistas de Més, no se han mostrado en absoluto diligentes con el caso. Por el contrario, han impedido la creación de una comisión de investigación con el inconsistente pretexto de la sobreexposición que sufrirían las víctimas, y han nombrado un Comité de Expertos que, como ha denunciado la oposición, más parece hasta ahora una cortina de humo para desviar la atención.

Bruselas saca los colores al Gobierno y le pide detalles de las medidas que ha tomado para solucionar el caso y prevenir, en la medida de lo posible, que algo así vuelva a suceder, con el ominoso agravante de haberse producido bajo el paraguas de la Administración Pública.

Iglesias y Marlaska, ya que no lo han hecho hasta ahora, tienen la oportunidad de demostrar que, en un caso tan delicado y que produce tanta vergüenza y repudio social, no miran para otro lado, solo porque una parte de la grave responsabilidad apunte esta vez hacia sus colores políticos.