El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se reunirá mañana en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, unos encuentros que se producen tras la reunión del lunes entre Pedro Sánchez y Quim Torra, que ha servido para abrir una fase de distensión entre ambos gobiernos.

Fuentes del Govern han asegurado a Efe que la reunión con Calvo tendrá un carácter "político" y de "estrategia", mientras que la pactada con la titular de Hacienda servirá para abordar asuntos más concretos, de carácter económico, aunque no han avanzado qué cuestiones quieren tratar con ambas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, coincidieron el lunes en que hay margen para trabajar en la normalización de sus relaciones, aunque al mismo tiempo constataron la imposibilidad de un acercamiento respecto a la celebración de un referéndum en Cataluña.

Tras la reactivación de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, así como otras comisiones establecidas en el Estatut, como infraestructuras, transferencias y hacienda, el Govern espera que la reunión de los números dos de los gobiernos español y catalán sirva para abrir una ronda de "reuniones bilaterales" entre consellers y ministros para tratar "incumplimientos" en asuntos sectoriales.

En su primera comparecencia en el Parlamento catalán tras ser nombrado vicepresidente, Aragonès pidió al Gobierno varios "gestos de distensión", como que se avenga a "flexibilizar" el objetivo de déficit para 2019, fijado en el 0,1 % del PIB, o bien "cumplir con lo que está acordado", en alusión a los 6.000 millones que la Generalitat reclama al Gobierno en cumplimiento del actual sistema de financiación.

De estos 6.000 millones que la Generalitat pide que se salden, 759 millones corresponden a la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut de 2008, otros 2.951 millones por inversiones en infraestructuras no ejecutadas entre 2009 y 2013, otros 688 millones por la financiación pendiente de los Mossos d'Esquadra y unos 1.500 millones de euros por la aplicación de la ley de la dependencia.

Asimismo, en las últimas semanas el Govern también ha reclamado al Gobierno que retire recursos presentados ante el TC contra diversas leyes catalanas.