El presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde, ha pedido hoy en el Congreso una renovación del Tribunal de Cuentas que siga el modelo francés y permita a este órgano actuar de forma absolutamente independiente e "implacable" para controlar el gasto público.

Velarde ha comparecido ante la comisión que estudia el modelo territorial del Estado, donde ha hecho un análisis histórico de las condiciones que han determinado la evolución económica de las diferentes autonomías, muy marcada por decisiones de tipo político sobre infraestructuras e inversiones en los distintos territorios.

El economista, que en su día fue consejero del Tribunal de Cuentas, ha dejado claro, al hablar del control del déficit del sector público, el "poder mayúsculo" que a su juicio debería darse al máximo órgano fiscalizador.

Ha puesto el ejemplo del caso de Francia, cuyo Tribunal de Cuentas actúa, ha enfatizado, sin importarle las protestas que pueda recibir de grupos, instituciones o incluso de intelectuales.

A preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, Juan Velarde ha ratificado que resulta "imposible" concebir que todo el territorio nacional disponga de las mismas rentas porque los agentes económicos van a moverse de unas zonas a otras.

Y ha advertido de que el papel de los poderes públicos en este ámbito tiene que hacerse "pensando en el conjunto", algo que sólo puede ocurrir si los partidos políticos tienen esa "mentalidad de conjunto", ha insistido, pensando siempre "qué es lo mejor" para todos y teniendo en cuenta la opinión de los expertos.

Para Velarde, quien ha comentado diversos estudios que reflejan las diferencias entre comunidades en cuanto a las facilidades para crear empresas o a su nivel de competitividad, tienen que desaparecer las barreras que lastran el emprendimiento y garantizar que las autonomías puedan ampliar sus mercados, puesto que España ha dejado su modelo de economía nacional por otra "abierta" y "sin proteccionismos" desde que se incorporó a la Unión Europea.

También se ha referido a la "lealtad institucional" que ha considerado "fundamental" mantener para que funcione el sistema, y ha abogado por garantizar una "igualdad" de principio para todos los españoles en servicios básicos.

Ha puesto como ejemplo el sistema sanitario o una política de becas que permita llegar a una educación superior a cualquier alumno capacitado, sea cual sea su origen o recursos.