Ciudadanos ha solicitado una reunión "urgente e inmediata" de la Mesa del Parlament para que reconsidere su decisión de debatir y votar en el pleno de hoy la moción de ruptura de la CUP, porque "contraviene" las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el proceso soberanista.

JxCat, ERC y CUP llegaron ayer a un acuerdo sobre la moción presentada por los anticapitalistas en la cámara catalana para votar conjuntamente un texto en el que se reafirman en los "objetivos políticos" de la resolución del 9 de noviembre de 2015, suspendida por el Tribunal Constitucional.

Así, en el texto acordado, los tres grupos independentistas se reafirman en los "objetivos políticos" que contiene la resolución del 9N sobre "el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, legitimados por los resultados del referéndum del 1 de octubre y de las elecciones del 21 de diciembre de 2017".

Asimismo, el texto indica que "el Parlament ha expresado en múltiples ocasiones su defensa del derecho a decidir y la autodeterminación y, en consecuencia, como depositario de la soberanía del pueblo de Cataluña y con fidelidad a su voluntad, reitera su compromiso en lograr los objetivos políticos anteriormente expresados por vías democráticas y no violentas".

A pocas horas de que se debata y vote la moción de la CUP, el partido que lidera Inés Arrimadas ha registrado en el Parlament un escrito en el que solicita la "inmediata y urgente convocatoria" de la Mesa del Parlament para "poder dar debido cumplimiento" a los requerimientos del alto tribunal.

En su escrito, Ciudadanos argumenta que el contenido del texto consensuado por los tres grupos parlamentarios independentistas está afectado por las "prohibiciones dictadas" por el Tribunal Constitucional sobre el proceso soberanista.

Además, Ciudadanos alude en su escrito a la resolución del alto tribunal sobre el mandato a los miembros de la Mesa del Parlament de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad" decretada en las sentencias del Constitucional, así como el "apercibimiento de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que se pueda incurrir".