El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para este viernes el pleno para investir como presidente de la Generalitat a Jordi Sànchez, en prisión preventiva, y ha advertido al Tribunal Supremo de que, si lo impide, el Estado estará "incumpliendo sus obligaciones internacionales".

Torrent ha firmado esta mañana la convocatoria del debate de investidura, después de la ronda de consultas que llevó a cabo entre el viernes y el sábado para proponer el nombre de Sànchez, que esgrimirá un escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU para reclamar al Tribunal Supremo que le permita salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid) para poder ser investido president.

El Comité de Derechos Humanos, que aún no se ha pronunciado sobre la denuncia presentada por los letrados de Sànchez, pidió a España el pasado 23 de marzo, a través de un escrito firmado por dos de sus 18 miembros, que adopte "las medidas necesarias para garantizar" que pueda "ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).

Hoy, Torrent ha enviado al juez esta resolución del Comité de Derechos Humanos, además de la convocatoria del pleno para las 10.00 horas del viernes, la propuesta de candidato a la investidura y una carta en la que insta al Estado a "tomar todas las medidas necesarias" para garantizar los "derechos políticos" de Sànchez.

En la carta, Torrent señala que "la concesión de las medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica una obligación de resultado a todos los poderes del Estado y exige que se habiliten los mecanismos necesarios para que el diputado Jordi Sànchez pueda someterse al debate de investidura".

En el caso de que el Tribunal Supremo "no diera cumplimiento a la resolución, se estaría produciendo un daño irreparable a los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez, y el Estado español estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales", añade.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha rechazado los argumentos que ha esgrimido el presidente del Parlament sobre la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque "no dicta sentencias, ni medidas cautelares": "Dejen de mentir y vuelvan al 'seny', si es que pueden", ha apostillado desde Twitter.

El PDeCAT, en cambio, ve la candidatura de Sànchez como una forma de "poner en evidencia" al juez Llarena y ha avalado la delegación de voto de Puigdemont y Antoni Comín en una eventual investidura.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que su partido "trabaja para blindar" la delegación de voto de Puigdemont y Comín a fin de aprobar una investidura efectiva y ha pedido a Llarena que "deje de hacer el ridículo y libere a los presos políticos".

Desde Bélgica, el exconseller Comín ha dicho que su renuncia al escaño no resolvería por si sola la investidura: "A los que estamos haciendo sacrificios tan grandes no se nos tienen que proponer sacrificios mayores a no ser que sea absolutamente imprescindible".

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha tachado de "pérdida de tiempo" la candidatura de Sànchez, al verlo "no apto" para desarrollar "con plenitud" ese cargo, motivo por el que también ha rechazado un posible nuevo intento de investir a Puigdemont.

La portavoz de los comunes, Elisenda Alamany, ha descartado de nuevo una abstención de su grupo en investidura de Sànchez y ha reclamado a los independentistas "renunciar a la unilateralidad" para explorar un pacto entre "las fuerzas catalanistas".

El diputado de la CUP Carles Riera ha afirmado que su formación votaría favorablemente una investidura de Puigdemont aunque no presentase un programa de gobierno republicano.

El PPC ha registrado una solicitud a la Mesa del Parlament para que se revoque el voto delegado de Puigdemont, argumentando que, al haber quedado éste en libertad bajo fianza, su situación ha cambiado y se debe "replantear la autorización de delegación de voto".

Por su parte, la Justicia alemana ha pedido a la española información adicional para sustentar la petición de extradición.

Para la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el estado federado donde fue detenido Puigdemont el 25 de marzo, no hay duda de que la euroorden no se ampara en "móviles políticos", aunque sí requiere concreciones sobre el cargo de malversación de fondos.

"No hay indicios de que los delitos que las autoridades españolas imputan al acusado incluyan cargos con el propósito de detenerlo por motivos políticos", subraya la resolución de esa corte, dictada el jueves y difundida hoy en su integridad.

El Ministerio de Justicia alemán ha informado de que su titular, Katarina Barley, habló ayer con su homólogo español, Rafael Catalá, para aclarar el "malentendido" por sus comentarios sobre la decisión de la Justicia alemana sobre la extradición de Puigdemont.