El sindicato mayoritario de la Guardia Urbana de Barcelona, SAPOL, ha denunciado que el gobierno municipal "avisa" a los manteros antes de una actuación policial, un asunto que ha provocado hoy que el PDeCAT y el PP reclamen que se investigue en el consistorio y por parte de la Fiscalía.

En declaraciones al diario digital "El Món", el portavoz de SAPOL, Manel García, ha afirmado: "El día que se debe hacer una actuación importante encuentras pocos manteros en la calle porque están avisados por el propio gobierno municipal".

Este portavoz ha advertido de que el gobierno municipal está creando "un problema de seguridad grave" en la ciudad y teme que algún día puedan haber "batallas campales".

El concejal de Seguridad del grupo Demòcrata (PDeCAT), Jordi Martí, ha anunciado en un comunicado que pedirán la comparecencia del ejecutivo municipal en comisión, tras las vacaciones de verano, para "reclamar explicaciones y determinar responsabilidades por posible prevaricación y por tirar por tierra el trabajo de la Guardia Urbana contra el fenómeno de la venta ambulante ilegal".

Considera que si esta denuncia es cierta, se trataría de un hecho "gravísimo, que podría tener consecuencias sobre la integridad de los agentes de la Urbana, en función de la violencia y la agresividad demostrada por algunos vendedores del 'top manta' en las últimas semanas".

El PDeCAT trasladará la denuncia de SAPOL a la Sindicatura de Greuges de Barcelona y a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento para que la investiguen.

El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha reclamado, por su parte, que la Fiscalía investigue la denuncia sindical.

El concejal del PP ha considerado que "la denuncia sindical es gravísima y en ese caso, además de responsabilidades políticas, habría que exigir también penales".

Asimismo, Fernández ha pedido a los sindicatos de Guardia Urbana que aporten todas las pruebas e indicios de los que dispongan, para poder actuar contra "los chivatos".

Precisamente la agresión a un turista por parte de un grupo de manteros, junto a otras incidencias relacionadas con la seguridad como las peleas en las calles del Raval y las protestas de los vecinos de Barceloneta por el incivismo, fueron la causa de que el pasado 8 de agosto la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento reprobara la gestión de la seguridad en Barcelona por parte de la alcaldesa, Ada Colau.

En aquella ocasión la teniente de alcalde Laia Ortiz, entonces alcaldesa accidental, acusó a la oposición de aliarse para "desgastar al gobierno, ocupar titulares y no proponer soluciones", en lo que considera una "alianza contra Barcelona" y "un todos contra la alcaldesa Colau".