IU presentará en los próximos días en el Congreso una propuesta en la que pide obligar por ley al Gobierno a impulsar la búsqueda de los bebes robados "bajo el amparo de las autoridades franquistas y el posfranquismo", y crear un banco de ADN para facilitar su identificación.

La proposición de ley integral de Reconocimiento y Reparación de Víctimas del Franquismo y la Transición que IU tiene previsto registrar en el Congreso incluye una completa regulación para impulsar la investigación de los casos de bebés robados durante el franquismo y hasta el año 1999.

Propone que las autoridades españolas estén obligadas a impulsar la búsqueda de los menores sustraídos a sus familias para entregarlos en adopción a terceras personas, y que se investiguen estos delitos en el orden penal.

"Los órganos judiciales actuarán a partir del principio de que los hechos constituyen un delito permanente, cuya comisión final no cesa hasta la identificación final del menor sustraído", señala el texto con el que IU quiere adaptar la normativa española a la legislación internacional.

Asimismo, plantea que los tribunales del orden penal abran, de oficio o a instancia de parte, "investigaciones efectivas" para la identificación de los menores desaparecidos en dicho periodo, y que durante el procedimiento judicial el resto de administraciones públicas también estén obligadas a colaborar.

En concreto, añade, "se prestará la asistencia necesaria par la apertura de archivos de los centros médicos donde se realizaron estas sustracciones y de los centros de internamiento de mujeres".

Otro de los puntos de la proposición, aboga por la creación de un "depósito de ADN" que ayude a la identificación de los desaparecidos.

Así, señala que la Administración General del Estado establecerá un protocolo para recoger muestras de ADN procedentes "tanto de los restos óseos de las distintas exhumaciones" como de las personas que lo soliciten, y poder compararlas con las almacenadas en este organismo.

Las pruebas genéticas podrían aplicarse a la identificación de los menores sustraídos y la Administración estaría obligada a realizar los análisis oportunos para comprobar la identidad de los interesados.

Otro de los puntos de la proposición de ley pide que se garantice el "acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en relación a personas desaparecidas y el derecho de toda persona a conocer sus orígenes y tener acceso a los datos que conciernen a su propia vida".