El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, presentó este miércoles un plan de alivio fiscal global de 10.000 millones de euros como una herramienta para contrarrestar los efectos de la inflación en la capacidad de compra de los ciudadanos.

Los planes están contenidos en una Ley de Compensación de la Inflación que, además de alivios fiscales, contempla un aumento de las ayudas a los padres por cada hijo. Lindner espera que el conjunto de medidas beneficie a 48 millones de alemanes.

El proyecto prevé incrementar el umbral de renta libre de impuestos de los 10.347 euros anuales a 10.632 euros en 2023 y a 10.932 euros en 2024.

También se modificarán otros impuestos para evitar el fenómeno llamado "progresión fría" que lleva a que un contribuyente cuyo salario crece pueda ir perdiendo capacidad de compra por la combinación de los efectos de la inflación y de un cambio de tarifa fiscal aplicable.

La tarifa impositiva máxima, del 42 por ciento, que actualmente empieza con los 58.597 euros anuales, solo empezaría a regir en 2023a partir de los 61.972 y en 2024 a partir de los 63.615 euros.

Los planes de Lindner han sido criticados por quienes consideran que estos favorecen ante todo a las personas de mayores ingresos. Ante ello, el ministro ha señalado que a las personas de ingresos bajos, que reciben ayuda de vivienda, se les pagarán también los costes completos de calefacción.

El proyecto de Lindner, presidente del Partido Liberal (FDP), el socio más pequeño de la coalición de Gobierno en Alemania, no ha sido todavía consensuado con los otros aliados.

Tanto el Partido Socialdemócrata (SPD), del canciller Olaf Scholz, como Los Verdes, del vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, han pedido mejoras en los planes y un mayor alivio para las personas de bajos ingresos.

Hasta ahora, la única concesión hecha por Lindner ha sido mantener la tarifa especial, conocida como "el impuesto para ricos", del 45 % a los ingresos que estén por encima de los 530.634 euros anuales.

También existen dudas acerca de si los planes son compatibles con el propósito de Lindner de volver a cumplir en 2023 el llamado freno a la deuda, que exige un déficit que no esté por encima del 0,25 por ciento del PIB.