(Actualiza la NA5113 con más detalles del auto que acuerda dejar en libertad provisional a la manifestante)

La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad provisional a la segunda de los ocho manifestantes encarcelados el pasado 3 de marzo por su presunta relación con la quema de un furgón policial en las protestas de apoyo al rapero Pablo Hasel.

En su auto, la sección décima de la Audiencia de Barcelona, en contra del criterio de la Fiscalía y las acusaciones, estima el recurso de la defensa y acuerda dejar en libertad a la joven, M.F., al entender que no presenta riesgo de fuga dado su arraigo en el país -es la única de nacionalidad española-, ni de reiteración delictiva.

Además, el tribunal considera que para mantener en prisión a la imputada -a quien los Mossos d'Esquadra vinculan con grupos anarquistas organizados para provocar disturbios en las protestas pro Hasel- es preciso consolidar los indicios que la incriminan y concretar cuál fue su participación en los hechos.

Pese a ello, la Audiencia, que obliga a la joven a presentarse semanalmente en el juzgado y a entregar su pasaporte, considera que "existen indicios suficientes" de que la investigada participó en los hechos y formaba parte del grupo de 15 personas causantes de los destrozos, a quienes unos mossos de paisano estuvieron siguiendo.

De hecho, añade el auto, la policía "no tiene duda" de que la acusada es la dueña de una mochila intervenida a los manifestantes, con 20 pastillas para encender barbacoas en su interior.

Esta es la segunda manifestante acusada de la quema del furgón a quien la justicia deja en libertad provisional: el pasado 23 de marzo la juez instructora excarceló a la detenida como presunta autora material del incendio, a raíz de un informe antropométrico que descartó que fuera la mujer que se observa en unas imágenes lanzando líquido inflamable al vehículo policial.

Las defensas de los otros seis manifestantes encarcelados están a la espera de que la Audiencia de Barcelona resuelva sobre los recursos que presentaron para exigir su puesta en libertad.

Los ocho manifestantes -entre los que figuran seis italianos y un francés- ingresaron en prisión el pasado 3 de marzo por orden del juzgado de instrucción, acusados de los delitos de desórdenes públicos, daños, atentado a agente de la autoridad, manifestación o reunión ilícita, pertenencia a grupo criminal y homicidio en grado de tentativa.

La sala confirma por el momento la calificación penal de los hechos, incluida la de grupo criminal, al entender que los investigados "actuaron concertadamente con una estructura clara que no fue de carácter casual".

Respecto al intento de homicidio, los jueces argumentan que los investigados que "asediaban" el vehículo policial "necesariamente" debían imaginarse que corría riesgo de incendiarse y que, si hay una persona en su interior, "existe la posibilidad de que se queme".

Sin embargo, añade el auto, "no solo no ayudaron a apagar el incendio cuando vieron que se estaba produciendo sino que lanzaron piedras contra el mismo, de forma que el agente no podía salir por el lado en que ellos estaban".

El tribunal también concluye que los disturbios en las protestas de apoyo a Hasel "no pueden entenderse amparados en derecho a reunión o manifestación alguno", puesto que además de la quema del coche policial incluían asaltos de comercios, daños a establecimientos e incendio de contenedores.

De acuerdo con los informes policiales, los detenidos fueron identificados por agentes de los Mossos d'Esquadra que se infiltraron entre los manifestantes y detectaron a un grupo de personas -que hablaba italiano entre sí- que provocaban ataques a comercios y entidades bancarias de forma coordinada.

Entre los indicios en los que se basan los Mossos d'Esquadra para atribuir a los manifestantes la pertenencia a un grupo criminal, figura que a todos ellos se les intervino un mechero de la misma marca y color.

Las defensas, no obstante, argumentan que esos mecheros suelen estar en poder de muchos jóvenes, puesto que se venden junto a una marca de tabaco de liar de bajo precio.

En la operación contra los ocho manifestantes acusados de prender fuego al furgón policial, los Mossos d'Esquadra registraron dos naves industriales ocupadas Canet de Mar y Mataró (Barcelona) en las que presuntamente residían o que frecuentaban.