El Gobierno planteará mañana el recurso contra la Ley de Presidencia aprobada la semana pasada por el Parlament, para avalar la investidura a distancia de Puigdemont, que ve como el "último punto de la agonía" a la que someten los independentistas a las instituciones catalanas.

Así lo ha explicado en el Senado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha advertido, en referencia al expresidente Carles Puigdemont, que "cuando uno piensa solo en uno mismo lo que pretende no es gobernar una democracia, pretende volver a instalar la tiranía".

Ha asegurado que "nadie es imprescindible en esta vida" y menos los que "se han saltado la ley y han llevado a Cataluña al peor momento social y económico de su historia".

Sáenz de Santamaría ha explicado que el recurso ante el Tribunal Constitucional es "muy fundado" y ya estaba preparado desde la presentación de la ley, pero se le han añadido las precisiones realizadas por el informe preceptivo del Consejo de Estado, que ha avalado la "integridad" del mismo.

El recurso recurrirá la normativa completa e incluye la petición de suspensión cuando se admita a trámite por el Tribunal Constitucional.

"Pensamos que esa Ley de Presidencia es el último punto a la agonía a la que están sometiendo algunos a las instituciones en Cataluña", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha considerado que no tiene "ningún sentido", como ya han ratificado el Consell de Garantías Estatutarias y el propio Consejo Estado.

A su juicio, pone de manifiesto que "el proceso que defienden algunos es agónico" y no tiene ningún sentido seguir sometiendo a los ciudadanos e instituciones catalanas a esta "presión intolerable".

Más allá del recurso, al que el Gobierno dará mañana el visto bueno en un Consejo de Ministros extraordinario, Sáenz de Santamaría ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al conjunto de la Cámara a que trabajen para que Cataluña vuelva a la normalidad.

Ha reclamado que recuperen las instituciones de autogobierno para que los ciudadanos puedan tener "sosiego y tranquilidad" tras la "fractura social" que han provocado los independentistas y que "no lleva a ningún sitio".

La vicepresidenta ha insistido en que "dentro de la ley se puede defender cualquier opción", pero la ley aprobada por el Parlament está fuera de la Constitución y "fuera de la realidad" porque los gobernantes no pueden estar ausentes, sino que están obligados a asistir a su puesto de trabajo, someterse a control y dar explicaciones a los ciudadanos.