El Gobierno mantendrá las condiciones específicas que impuso a Cataluña a finales de 2015 para poder recibir partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero cuando cese la aplicación del 155, aunque permanecerá vigilante, dejará también de controlar el presupuesto de la Generalitat.

Así lo han asegurado fuentes del Ejecutivo después de que el presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, anunciase ayer que una vez que tome posesión de su cargo enviará una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle una reunión en la que le exigirá levantar el 155 y la intervención de las finanzas catalanas.

El Gobierno explica que el control de los presupuestos catalanes desaparecerá al mismo tiempo que deje de aplicarse el 155 y subraya que no se puede mantener esa medida en base a declaraciones del nuevo president sobre futuras actuaciones, sino ante hechos concretos.

Cuestión distinta es el caso del FLA, ya que el Gobierno mantendrá el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el 20 de noviembre de 2015.

Ese día, el Gobierno decidió adoptar medidas adicionales para reforzar los controles de los fondos extras para la financiación de Cataluña.

Así, la Generalitat debía destinar de forma prioritaria los recursos recibidos por el Estado tanto por el FLA como por el sistema de financiación, al abono a los proveedores de facturas de los servicios públicos.

El acuerdo obligó al interventor de la comunidad a remitir al Ministerio de Hacienda un certificado inicial, en diez días, y una actualización mensual de toda la ejecución del presupuesto de la administración catalana y de sus empresas u organismos.

A partir de esta información es cuando se podían poner en marcha los pagos, y, para garantizar su cumplimiento, el interventor general debía facilitar mensualmente un certificado con toda la información de los pagos realizados en el mes anterior y que tenían que respetar la legalidad vigente.

Además, Cataluña tuvo que interconectar su registro contable con el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), para conocer y permitir la trazabilidad de todas las facturas.

De la misma forma, se determinó que el Consejo de Ministros debe autorizar uno a uno los endeudamientos a largo plazo y las operaciones de endeudamiento a corto plazo.

Todas estas medidas se mantendrían, según explicó el Gobierno entonces, hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la comunidad.

Según las fuentes del Ejecutivo, todo eso es lo que se mantendrá en vigor.

Si el Govern quisiera evitar ese control, la única salida sería dejar de recibir los fondos adicionales decidiendo abandonar el grupo de comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica.

Aunque cese la supervisión directa del presupuesto catalán, el Gobierno subraya que eso no quiere decir que Torra y sus consejeros puedan utilizarlo como consideren conveniente, ya que permanece siempre un control político que protagonizan principalmente los grupos del Parlament por si hubiera alguna irregularidad.

En ese sentido recuerdan que cuando los presupuestos de Cataluña incluyeron una partida para la celebración de un referéndum, se recurrieron y la Generalitat tuvo que cambiarlos.

Por otro lado, las fuentes del Ejecutivo aseguran que no hay fecha para la reunión con Torra, aunque Rajoy se mostró ayer dispuesto a recibirle, ni tampoco se ha decidido la representación del Gobierno en su toma de posesión.