El Gobierno considera que el informe del Consejo de Europa que insta a España a "considerar el indulto o la excarcelación" de los líderes del procés, "avala la actuación" de España en esta materia pese a que "parte de un planteamiento erróneo" que merece un "reproche general del Gobierno de España".

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha aprobado este jueves un proyecto de resolución en el que insta a España a "considerar el indulto o la excarcelación de los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional" de octubre de 2017.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, la resolución parte de un "prejuicio" que contamina todo el texto: que los líderes del procés fueron juzgados por expresar sus ideas en el ejercicio de sus cargos. Esto "contamina" todo el documento y se refleja en la resolución y en sus recomendaciones.

Pese a estos reproches, el Ejecutivo considera que el borrador de conclusiones "avala la actuación España y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad".

Para Exteriores, el relator del informe, Boriss Cilevics, reconoce que la actuación de los líderes independentistas fue "inconstitucional e ilegal" y desafió los mandatos expresos del Tribunal Constitucional.

Además, el relator del informe admite que la reacción de la Administración de Justicia de España en defensa de la legalidad vulnerada tuvo lugar dentro de los parámetros de un Estado de Derecho y que España es una democracia vibrante, donde impera una cultura de debate público abierto y libre, y donde la mera expresión de puntos de vista pro-independentistas no proporciona base alguna para abrir una causa penal".

En esta misma línea, añade Exteriores, en el punto 8.8 de la resolución se reconoce "la independencia de los tribunales españoles para resolver los recursos pendientes y respeta al mismo tiempo la facultad de apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Gobierno destaca, no obstante, que junto a este reconocimiento del orden constitucional, la Asamblea considera que las penas impuestas "son muy elevadas" y recomienda el indulto de los presos y el abandono de las extradiciones.

El comunicado concluye recordando que la Asamblea sugiere en su documento que, con independencia de la antijuridicidad de los actos cometidos, "la situación tiene naturaleza política y no se resolverá con el Código Penal, sino a través de una negociación política, dentro del respeto al orden constitucional de España".