El Gobierno ha condenado hoy "enérgicamente" el asesinato ayer de una trabajadora del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que fue secuestrada en el noreste de Nigeria el pasado marzo.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores muestra "una vez más su rotunda condena por los ataques contra el personal y las instalaciones de salud" y recuerda que la asistencia sanitaria está protegida por el derecho internacional humanitario, así como "por la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU".

Saifura Hussaini Ahmed Khorsa, matrona de la Cruz Roja de 25 años, se encontraba trabajando en un proyecto de atención prenatal en Borno, región en la que actúan grupos yihadistas, cuando fue secuestrada en marzo junto con otras dos trabajadoras.

"Los trabajadores sanitarios arriesgan su vida para salvar la de otros, y la violencia contra ellos es un crimen", denuncia el Ejecutivo en la nota.

Asimismo, traslada su "más sentido pésame" a la familia de la víctima y espera la pronta liberación de las dos trabajadoras que permanecen secuestradas.