La aventura europea del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, puede haber tocado techo tras la decisión que ha adoptado este martes la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (PE), quien ha acordado por mayoría absoluta retirar la inmunidad parlamentaria de los diputados de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Este es el primer paso para concluir el proceso de suplicatorio que había iniciado el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a comienzos de 2020, ya que despeja la vía para reactivar la euroorden contra Puigdemont por sedición y malversación, congelada desde su reconocimiento como eurodiputado. Antes, no en vano, el suplicatorio debe ser ratificado por el pleno de la Eurocámara que arranca el próximo 8 de marzo. Esta, sin embargo, no peligra, ya que cuenta con el apoyo de los populares, socialistas y liberales.

En el caso de que supere este paso, quedará suspendida la inmunidad de los políticos huidos, pero la última decisión para que los tres diputados huidos de la justicia regresen a España quedaría en manos de la justicia belga, al decidir si se ejecuta o no la orden europea de detención y entrega de la justicia española.

La euroorden fue presentada en 2018

Carles Puigdemont y sus dos exconsellers se encuentra en Bélgica desde el pasado 30 de octubre de 2017, tres días después de la declaración de la Independencia Unilateral en el Parlament de Cataluña y el mismo día en el que la Fiscalía General del Estado presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra los miembros del Govern por rebelión, sedición y malversación.

Mientras el proceso judicial seguía su proceso en España, la justicia española activaba en marzo de 2018 una euroorden de detención contra el que fue el número uno del Govern hasta la activación del artículo 155 del Gobierno español. Desde entonces y hasta ahora, el enredo judicial sobre la condición de los exconsellers y el expresident Carles Puigdemont ha sido tal que en muchas ocasiones ha llegado a tensionar las relaciones entre España y Bélgica. Y es que han sido varias las ocasiones en las que jueces españoles han intentado extraditar al expresidente, sin éxito.

Todo ello, además, agravado con la amenaza que ha hecho el expresident Puigdemont de volver, pese a su condición, en suelo español. Tras haber sido destituido por Madrid gracias al artículo 155 de la Constitución, el expresidente se había presentado como cabeza de lista a los comicios del 21-D, en el que intentó que el Parlamento de Cataluña le invistiera a distancia desde Bélgica. Un proceso que no llegó a producirse, ya que el Tribunal Constitucional prohibió tal decisión.

Sin embargo, el proceso judicial se ha complicado más desde el 26 de mayo de 2019, cuando el expresidente fue escogido como europarlamentario. Desde que recogiese su acreditación el 6 de enero de 2020, goza de una inmunidad parlamentaria que ahora se le quiere retirar. Antes, Alemania detuvo al líder soberanista, responsable del 1-0 y de la declaración de la DUI el 25 de marzo de 2018. No en vano, el tribunal regional Schleswing Holstein consideró que su extradición solo podría considerarse por el delito de malversación.

La decisión ha sido aprobada por 15 votos

El documento elaborado por el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, adscrito al grupo de derecha radical Conservadores y Reformistas Europeos, ha recibido el voto a favor de quitar la inmunidad a los tres políticos de 15 eurodiputados, mientras que 8 han votado en contra y dos se han abstenido. En la votación han participado cinco políticos españoles (dos de PP y PSOE y uno de Ciudadanos), entre quien se encuentra Adrián Vázquez (Ciudadanos), que ha sido quien ha presidido el comité.

La resolución quita el argumento principal de Carles Puigdemont, en el que afirma que el estado le persigue por su actividad política y afirma que el suplicatorio activado no tiene el objetivo de silenciar algunas opiniones o votos que ha podido emitir en su actividad como eurodiputado— condición que todavía va a mantener—; sino que se refiere a hechos muy anteriores a su elección y por tanto la inmunidad parlamentaria no cumple su función principal, que es la de proteger la actividad de la cámara mientras que son eurodiputados.

Hasta que se ha hecho público, Puidemont había intentado quitar la legitimidad de este procedimiento al considerar que el suplicatorio estaba lleno de errores y que responde a una voluntad de "persecución política". Además, había intentado quitar legitimidad al Tribunal Supremo afirmando que este no es el competente para llevar el caso, una afirmación que la semana pasada quedó casi en una anécdota cuando el Constitucional afirmó la competencia del Supremo para investigar y seguir juzgando tal causa.

Los principales partidos cierran filas en este asunto

Los partidos constitucionales han cerrado filas ante esta decisión que se ha adoptado en el Parlamento Europeo. "Ha quedado demostrado que la inmunidad parlamentaria no procede en estos tres casos, puesto que los hechos por los que Puigdemont, Comín y Ponsatí son procesados ocurrieron antes de que se convirtieran en eurodiputados y, además, no están vinculados a su ejercicio como miembros de esta institución. El Parlamento Europeo no puede convertirse en un refugio de impunidad de aquellos que atacan el estado de derecho en un país miembro de la UE, dañando así la estabilidad del conjunto de la Unión", ha apuntado el popular Esteban González Pons tras emitir su voto, junto a su compañero Javier Zarzalejos.

"Las instituciones tienen que funcionar con normalidad y la Justicia española será ante la que los señores encausados tendrán que responder en un proceso de normalidad como el resto de ciudadanos", ha coincidido el vicepresidente de la comisión socialista Iban García del Blanco.

Por su parte, el presidente de la comisión, Adrián Vázquez, ha censurado las "presuntas filtraciones" que se han hecho de los informes que fueron entregados la semana pasada pese a la condición de secreto que exige el proceso. En este sentido, Vázquez ha explicado que ha pedido al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, una investigación interna para depurar responsabilidades si se confirma que se ha violado la confidencialidad.