La exministra de Vivienda Beatriz Corredor ha negado hoy cualquier vinculación en la supuesta trama de financiación irregular del PSPV entre 2007 y 2011 e incluso conocer la existencia de la empresa 'Crespo Gomar', que facturaba servicios para los socialistas valencianos y estaba contratada por Vivienda.

En su comparecencia en el Senado, a requerimiento del PP, en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos, Corredor ha asegurado que como ministra "no tenía ni el deber, ni la obligación, ni la capacidad de conocer el estado de la contratación" y ha insistido en que se sentía "frustrada e indefensa" ante la Cámara por no poder aportar nada más.

En este sentido, el senador del PP Luis Aznar ha reprochado a la exministra que se exculpe y ha afirmado que, por el cargo que ocupaba, es "la responsable última y la responsable política" de una "chapuza que no tiene nombre".

El senador también ha preguntado cómo es posible que "en Ferraz y en la Ejecutiva Federal no se interesen por un caso flagrante de financiación irregular" y ha recordado al PSOE que para ser "el partido de la regeneración" debería abrir una investigación interna.

A juicio del senador, "hay una empresa -'Crespo Gomar'- que presuntamente financió al PSOE con una caja B" y en 2009 recibió un contrato del Ministerio de Vivienda que, según el informe policial, está plagado de "irregularidades" y ha supuesto la imputación "de, al menos, once miembros de su equipo, muchos de ellos nombrados por usted".

Para Aznar la concesión a dicha empresa presenta una "grave inobservancia en cuanto a la composición de la mesa", así como una "cronología imposible" para llevarla a cabo.

Durante la comparecencia, Aznar ha lamentado que la ministra "se agarre" al Boletín Oficial del Estado y "eche cortinas de humo" al acudir constantemente al derecho administrativo para responder.

Por su parte, la ministra, que se ha enzarzado con el senador en un debate lleno de reproches e interrupciones, ha insistido en que ella no es parte del procedimiento judicial y ha reiterado que no puede valorar lo que están declarando personas que están siendo objeto de investigación.

También ha elogiado la función pública, ha pedido que no se ponga sospecha en funcionarios de carrera y ha recordado que la Abogacía del Estado ha decidido defender a estas personas por estimar que no tienen relevancia penal.