El Gobierno ha expresado este viernes su "preocupación" por la detención e inhabilitación de la precandidata a las elecciones Presidenciales y presidenta de la Fundación Violeta Barrios, Cristiana Chamorro Barrios, y por el "continuo hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes" en Nicaragua.

Por medio de un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Gobierno ha señalado que estos "graves hechos y la actual dinámica política reducen los espacios de diálogo y convivencia en Nicaragua y ponen en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales" del próximo 7 de noviembre.

Por ello, ha considerado que estas medidas "deben ser revertidas, poniendo fin de manera inmediata a la retención de la señora Chamorro y desocupando su domicilio, así como garantizarse el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y actores sociales y políticos".

España se suma así al rechazo expresado ayer por la Comisión Europea, quién ha pedido al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que libere a Chamorro Barrios, quien se encuentra recluida en su casa, bajo vigilancia policial, tras ser acusada por el presunto delito de lavado de dinero.

Para la UE, las acciones judiciales contra Chamorro Barrios son "incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente y abierto a la oposición y sus candidatos", dijo el portavoz comunitario de Exteriores, Peter Stano, en un tuit.

Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), es la figura de la oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección.

Además de a la precandidata, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, y también al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado.

Según el Ministerio de Gobernación nicaragüense, la Fundación Violenta Barrios, una ONG dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero".