La Diputación de Valencia celebrará este jueves tanto el pleno en el que en el que se aceptará la renuncia de Jorge Rodríguez como presidente de la corporación provincial como la reunión del Consejo de Administración de Divalterra, donde se cesará a los cogerentes y al secretario de esta empresa pública.

Así lo ha anunciado la presidenta en funciones de la corporación provincial, Maria Josep Amigó, tras la reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, que ha decidido también la convocatoria, el próximo día 17, del pleno en el que tomará posesión del cargo el diputado o diputada que sustituirá a Rodríguez y se elegirá a quien le sustituya al frente de la Diputación.

Según Amigó, el equipo de gobierno (que conforman el PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida) apoyará la candidatura a la presidencia del socialista Toni Gaspar, pues el PSPV es el partido que más diputados tiene en el Ejecutivo provincial, y porque lo importante "no es el quién sino el qué" y las políticas progresistas.

Del mismo modo, ha informado de que el 24 de julio se celebrará el pleno ordinario de la corporación y la Junta General de Divalterra, cuyo Consejo de Administración será ya presidido por el nuevo presidente de la Diputación.

Preguntada sobre las reacciones políticas y sindicales al anuncio del cierre de Divalterra, la presidenta en funciones ha señalado que lo avanzado este lunes "no significa que mañana" se cerrará "la persiana" de esa empresa pública, y ha insistido en que esta medida estaba en la "hoja de ruta" del equipo de gobierno.

"Todos (en referencia al equipo de gobierno) teníamos clara la idea de vaciar de competencias la Diputación", ha aseverado, y ha señalado que se había pedido a los gerentes de la empresa información sobre las funciones que estaba desarrollando Divalterra y qué se podía "trasladar a la Diputación o a otras Administraciones".

No obstante, ha precisado que los hechos se precipitaron tras la investigación judicial abierta por posible prevaricación y malversación en la contratación de altos cargos en la empresa pública, pero ha insistido en el que el cierre controlado de Divalterra ya se había iniciado.