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CRISIS CATALUÑA

Comunes exigen que finalice la "vía Llarena" y que el Gobierno retire cargos

Catalunya En Comú-Podem ha exigido hoy la finalización de la "vía Llarena" y que el Gobierno "retire los cargos" contra los políticos procesados, y ha puesto en duda por otro lado que una votación del pleno del Parlament pudiera tener "efectividad" para evitar la suspensión de los diputados.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 18:49

Catalunya En Comú-Podem ha exigido hoy la finalización de la "vía Llarena" y que el Gobierno "retire los cargos" contra los políticos procesados, y ha puesto en duda por otro lado que una votación del pleno del Parlament pudiera tener "efectividad" para evitar la suspensión de los diputados.

El juez que instruye la causa abierta por el "procés", Pablo Llarena, ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva, así como del expresident Carles Puigdemont, huido a Alemania, todo ellos procesados por rebelión.

Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Esta medida afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez -de JxCat-, Oriol Junqueras y Raül Romeva, de ERC), al igual que a Puigdemont, pero no así al exconseller fugado en Bélgica Antoni Comín, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.

En rueda de prensa en el Parlament, la portavoz parlamentaria de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha afirmado que "no ha habido violencia y, por lo tanto, no puede haber delito de rebelión", por lo que la acusación "no tiene ni pies ni cabeza y son personas presas por sus acciones políticas".

La dirigente de los comunes ha lamentado que la "judicialización" del conflicto se ha debido a las acciones del PP en su "obsesión por los tribunales y por negar la política", por lo que las suspensiones son "la inercia de la vía Llarena".

"Pedimos al nuevo Gobierno que, con el nombramiento de la fiscal general del Estado, María José Segarra, se levanten estos cargos y medidas contra los dirigentes en prisión, porque es la única vía para la normalidad democrática. La vía Llarena debe finalizar", ha aseverado Alamany.

A su juicio, es el Gobierno de España quien debe dar ese "primer paso político" y "retirar los cargos" contra esos diputados y "acabar con la judicialización".

Alamany ha dicho que su grupo defenderá los "derechos políticos" de los diputados procesados, pero ha admitido que es un "debate jurídico y complejo en el que hay mucha confusión".

Así, aunque su grupo no se opone a que se debata esta cuestión en el Parlament, ha sugerido que "no está claro" que en el caso de que este debate se llevara al hemiciclo una votación pudiera tener "consecuencias" o "efectividad" para evitar una suspensión como diputados.

"No sabemos qué se votará, pero sabemos que la vía Llarena puede estar por encima de lo que acabe decidiendo el Parlament", ha afirmado, por lo que ha reclamado buscar "estrategias efectivas para garantizar sus derechos".

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