(Actualiza la NA1070 con información del Ministerio de Asuntos Exteriores)

El Gobierno belga ha retirado la inmunidad diplomática a ocho funcionarias españolas de carrera tras casi 40 años de servicio, según ha denunciado este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Por medio de un comunicado, CESIF ha detallado que el Gobierno belga ha argumentado que estas funcionarias llevan demasiados años en el país y les exige que tributen como residentes extranjeros.

Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores belga, "sin previo aviso, contra el criterio que había seguido desde 1980", ha rechazado renovar la Tarjeta de Identidad Especial (TIE) de estas funcionarias españolas destinadas en la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, dependiente de la Embajada, y que están a punto de jubilarse.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha precisado que las funcionarias afectadas "llevan o llevarán en los meses venideros, más de 10 años acreditadas".

Según Exteriores, la embajada española en Bruselas ha realizado diversas gestiones ante las autoridades belgas con el fin de que pudieran reconsiderar la decisión tomada, pero estas "ya han informado que no variarán su postura".

La Administración belga considera que estas mujeres llevan "demasiado tiempo viviendo de manera permanente en el país y, por lo tanto, ya no tienen consideración de personal diplomático, sino de meros empleados administrativos" y por tanto les retira su acreditación y les deja en un limbo jurídico, ha explicado CSIF.

Según el sindicato, la no renovación de estas tarjetas conllevará que tengan que pagar sus impuestos en Bélgica (hasta ahora lo hacían en España), lo que les supondrá una "importante pérdida de poder adquisitivo, y dejarán de gozar de la inviolabilidad diplomática", tanto en su persona como en sus domicilios.

Desde 1980, la Dirección de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores belga acreditaba a estas funcionarias como personal técnico y administrativo de la Embajada de España y con residencia no permanente, en aplicación de la Convención de Viena que recoge los privilegios e inmunidades de este colectivo.

En un escrito remitido al Ministerio de Trabajo, CSIF ha solicitado que actúe para "defender con urgencia los derechos de estas funcionarias de carrera ya que la decisión del Gobierno belga contraviene una práctica realizada desde hace décadas, así como la propia Convención".

Según el sindicato, el Ministerio ha abogado por llegar a una solución y por extender la acreditación de estos funcionarios por un número limitado de años, lo que solucionaría este problema, según ha indicado en un escrito de respuesta remitido a CSIF sobre este asunto.

El ministerio considera que la Administración belga debería tener en cuenta que, desde 2015, la permanencia del personal español desplazado en el exterior se ha limitado a un máximo de cinco años y que situaciones como éstas requieren una "solución razonable".

Por último, este departamento indica que trasladará toda la información al Ministerio de Asuntos Exteriores -que es el competente para la interlocución con Bélgica- para que haga "cuanto esté a su alcance para buscar una solución satisfactoria para este personal".

Por su parte, fuentes de Exteriores han precisado que, durante todo el proceso, el sindicato CSIF ha sido informado por el Ministerio del desarrollo de las negociaciones.