El Gobierno de Castilla y León ha sido el primero en aprobar hoy un proyecto de ley para regular el diálogo civil, que incluye las iniciativas ciudadanas y las consultas no referendarias, y que busca que el ciudadano "se sienta cómplice" de las políticas y ampliar el espacio de participación de la sociedad.

Se trata de "ampliar la participación de la sociedad civil y reducir el de la política", con un diálogo "para la acción, para la resolución de problemas y no para ganar tiempo", ha sostenido el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha aprobado el proyecto de ley, que ahora será enviado a las Cortes.

Un mínimo de tres ciudadanos podrá plantear a la Junta de Castilla y León una norma o plan y también una consulta no referendaria sobre cuestiones concretas, según recoge este "novedoso" proyecto de ley que tiene detrás dos años y medio de trabajo.

"Las democracias del siglo XXI no pueden sentirse satisfechas con que el ciudadano vote cada cuatro años y ya está, y ni los ciudadanos se siente contentos ni lo aceptarían", ha reflexionado el también consejero de la Presidencia.

Esta novedosa regulación, que amplia el espacio de participación de la sociedad civil "con todos y en todos los departamentos del Gobierno regional", frente al modelo del País Vasco que se limita a los servicios sociales, cierra además el "círculo virtuoso" que sobre información, participación y elaboración abrió la Comunidad en el 2012 con la puesta en marcha del Gobierno Abierto.

Su objetivo es, según ha explicado De Santiago-Juárez, regular tres fórmulas de participación ciudadana, la del diálogo civil e iniciativas ciudadanas, que son totalmente nuevas, y la de consultas populares no referendarias, que tiene referencia en este caso en el Estatuto de Autonomía y que ahora se desarrollan.

El ámbito de aplicación se circunscribe al Gobierno y a la Administración de la Comunidad y el proyecto de ley precisa que el diálogo civil no debe interferir ni con los acuerdos políticos en el ámbito de las Cortes ni al diálogo social, y busca contar con la sociedad civil de una forma dinámica y ágil sin que suponga gasto alguno.

Podrán ejercer ese diálogo civil los movimientos asociativos que están presentes en los 30 consejos de participación de la sociedad civil que hay en todas las áreas de la Administración regional cuando se elabore una norma con rango de ley o reglamento, en planes, estrategias o programas y la evaluación de los mismos.