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Operación europea contra la distribución ilegal de señal de televisión por Internet

Tiempo de lectura:2Actualizado02 feb 2023

La Policía Nacional ha liderado un equipo de investigación formado por cuerpos policiales de España, Reino Unido y Dinamarca, además de Europol, dirigido contra la distribución de señal ilícita a través de IPTV. Como resultado, se ha llevado a cabo la mayor operación realizada hasta la fecha a nivel europeo contra este delito y se ha puesto fin a una infraestructura tecnológica internacional muy compleja compuesta por once “granjas” de servidores distribuidas por todo el mundo, algunas de ellas con más de 44 servidores.

La investigación se inició a finales de 2015, tras la denuncia presentada por la Premier League por un presunto delito contra la propiedad intelectual llevado a cabo por una web radicada en Málaga, ofreciendo suscripciones de IPTV con acceso a multitud de canales internacionales de acceso condicional. Tras la denuncia, los agentes de la Policía Nacional constataron la gran envergadura de la ilícita actividad al comercializar, presuntamente, servicios de abono a suscripciones de IPTV que permitían el acceso al visionado de más de 800 canales televisivos, a un repositorio de obras audiovisuales protegidas y a un listado de emisoras de radios extranjeras.

Además se comprobó la existencia de una decena de suscripciones categorizadas principalmente por el país de origen de los canales, lo que implicaba que la infraestructura necesaria para la interceptación y distribución debía de ser de especial relevancia. El precio de las suscripciones variaba no solo por el tipo de suscripción, sino por el tiempo de abono a la misma y oscilaba de los 40 euros mensuales a los 460.

Los agentes también se percataron de que a la página web denunciada había asociados varios perfiles en redes sociales, promocionando sus servicios para obtener mayor clientela. Además, la investigación permitió averiguar que no solo se estaba cometiendo el delito a través de la página denunciada, sino que existía cerca de una veintena de ellas. A pesar de que las titulares del negocio eran sociedades españolas, el pago de las suscripciones se tenía que hacer a una sociedad gibraltareña.

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