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El yerno acusado de matar a la viuda de la CAM pide evitar un jurado popular

El único acusado por el crimen de la viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), su yerno Miguel López, ha pedido a la Audiencia Provincial de Alicante que le juzgue un tribunal de magistrados y no un jurado popular para evitar un "juicio paralelo".,La defensa de López, para quien la Fiscalía pide 24 años de prisión por el crimen de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, ha presentado un escrit

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 11:52

El único acusado por el crimen de la viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), su yerno Miguel López, ha pedido a la Audiencia Provincial de Alicante que le juzgue un tribunal de magistrados y no un jurado popular para evitar un "juicio paralelo".

La defensa de López, para quien la Fiscalía pide 24 años de prisión por el crimen de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, ha presentado un escrito al tribunal del jurado de la Audiencia alicantina, que está previsto que le siente en el banquillo, previsiblemente, después del verano.

En el plazo de las cuestiones previas, el escrito presentado por su letrado, al que ha tenido acceso Efe, solicita que transforme el proceso en un procedimiento sumario ordinario para que sea un juez y no un tribunal constituido por ciudadanos el que enjuicie el caso.

Y para ello alude a que ante un tribunal con jurado no se garantizaría un juicio objetivo por la posible contaminación a la que habrían quedado expuestos sus integrantes como consecuencia de la notoriedad del caso y su repercusión en los medios de comunicación durante la fase de instrucción.

"El enjuiciamiento por los trámites del procedimiento de jurado no es conforme a la Constitución y sería vulnerador de diversos derechos fundamentales dadas las especiales circunstancias que concurren", como "el amplísimo y notabilísimo juicio paralelo que se viene produciendo" en relación a la muerte de María del Carmen Martínez.

Entre otras razones, el abogado Javier Sánchez-Vera apunta las "filtraciones policiales" que se habrían producido incluso durante el tiempo en el que la instrucción estuvo bajo secreto de sumario como una de las causas de ese posible juicio paralelo.

Como consecuencia de esas filtraciones, según el escrito del letrado, se habrían difundido informaciones y opiniones sobre "la culpabilidad o inocencia de Miguel López".

De esta manera, apela a la imparcialidad judicial y al "carácter profesional de los jueces, quienes en Derecho Penal resuelven "técnicamente" en base a las reglas probatorias para evitar esa contaminación que considera notoria.

En el caso de que se rechace dicha petición y se mantenga el procesamiento bajo un tribunal con jurado, la defensa de López insta a que el juicio se celebre fuera de la provincia de Alicante y de la Comunitat Valenciana para que sea en otra zona del país "a elegir a sorteo, así como por jurados de esa otra circunscripción".

Con ello, se evitaría esa supuesta contaminación que, insiste el defensor de López, se considera "notoria".

La acusación particular ejercida por el hijo mayor de Vicente Sala y de María del Carmen Martínez, Vicente Sala Martínez, también ha registrado ya su escrito de personación ante el tribunal del jurado aunque, según fuentes jurídicas, en su caso no se plantea ninguna cuestión previa particular.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para López una pena de 24 años de prisión como autor del homicidio de su suegra, mientras que la defensa solicita la libre absolución al considerar que no existen pruebas sólidas que lo incriminen.

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Miguel López lleva casi dos años en libertad provisional tras depositar una fianza de 150.000 euros y es el único acusado de un crimen ocurrido a las 19.00 horas del 9 de diciembre de 2016, cuando la víctima recibió dos disparos en la cabeza a corta distancia en el lavadero del concesionario de coches Novocar, propiedad de la familia y que administraba el único investigado, Miguel López.

La Policía sostuvo desde el principio que el móvil era la guerra por el control de las empresas familiares, en especial de Samar Internacional SL, del sector del plástico, que fundó el fallecido expresidente de la CAM.

Su viuda y el hijo primogénito del matrimonio estaban enfrentados a las otras tres hijas del matrimonio y a los maridos e hijos de éstas por ese control de la compañía.

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