El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que cambiará la ley para que sea la banca y no el cliente el que deba pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, tras la polémica decisión adoptada en la víspera por el Tribunal Supremo.

En rueda de prensa, Sánchez ha explicado que esta modificación, motivada para "que nunca más los españoles paguen este impuesto", se realizará a través de un real decreto ley, que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que deberá contar posteriormente con el visto bueno del resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Para una hipoteca media, supone un coste de alrededor de 1.500 euros.

Pero, ¿cuándo entrará en vigor? El Consejo de Ministros se reunirá mañana y dará luz verde al decreto ley. Un día después, el viernes, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por tanto, a partir del sábado 10 de noviembre el banco debería asumir el coste de este impuesto. Más adelante, los grupos parlamentarios deberán convalidarlo en el Congreso en el plazo máximo de 30 días. 

El Ejecutivo cuenta ya con el apoyo de al menos 194 diputados, mayoría absoluta para sacarlo adelante, ya que tanto Unidos Podemos como Ciudadanos han avanzado que lo apoyarán, así como el PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias. No obstante, queda pendiente la decisión del PP, ya que aunque su líder, Pablo Casado, ha defendido la idea de suprimir totalmente este tributo, ha señalado que esperará a leer el decreto ley para confirmar que su partido rechaza su convalidación. PNV, ERC y Compromís todavía no han confirmado si apoyarán la convalidación, aunque los republicanos catalanes han defendido en los últimos días que este impuesto lo pague la banca.

Aunque se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas para su recaudación, el cambio en la Ley no afectaría a Euskadi y Navarra, ya que en sus regímenes forales tienen su propia ley que, en el caso de Navarra, dicta que el tributo lo pague el cliente.

El líder del Ejecutivo confía en que la banca española no acabe trasladando ese mayor coste de las hipotecas al cliente con el argumento de que el mercado hipotecario es "bastante competitivo".  Sin embargo, en las últimas semanas la banca había trasladado públicamente la idea de que si tenía que hacerse cargo de este impuesto tendría que revisar su oferta hipotecaria, lo que se entendía como un posible encarecimiento de las hipotecas. El impuesto de actos jurídicos documentados, que recaudan las autonomías y que Moody's cifra en unos 640 millones de euros anuales, sólo se cobra en algunos países de la Unión Europea y en España es el más elevado, con una horquilla entre el 0,5 y el 1,5 %. 

Sobre la posibilidad de los hipotecados de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado como fórmula para intentar recuperar el dinero pagado en el pasado por este gravamen, Sánchez ha concluido que desconoce "si tienen capacidad o no" al tratarse de un tema fuera de su competencia.