Vox ha vuelto a ampliar la querella que presentó a finales del pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus y solicita a la Sala que incluya en la misma las declaraciones públicas en las que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, -autor del informe contrario a la apertura de esta causa y del resto de presentadas contra el Ejecutivo-, justificaba la acción del Gobierno y cargaba la responsabilidad de los hechos en los ejecutivos autonómicos.

Vox imputa al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del agente patógeno que causa el covid-19.

En su nueva ampliación Vox solicita al Supremo que acuerde nuevas testificales: la de Ignacio Fernández-Gil, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia; Cinta Pascual Montañés, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia; y Andrés Rueda, presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica.

El escrito recoge que las declaraciones del señor Navajas que justificó el archivo de la querella de Vox junto a decenas de otras querellas incurre en una supuesta falta de concreción de los hechos y de la prueba, puesto que ella recogía todas las referencias a los hechos denunciados "de manera cronológica y pormenorizada y se basaba, en gran medida, en la información facilitada por el propio Gobierno, organismos internacionales y los medios de comunicación que hicieron un seguimiento exhaustivo durante ese periodo de tiempo".

DECLARACIONES POR RESIDENCIAS

En la documentación remitida al Tribunal Supremo se recogen también los datos referentes a las residencias de mayores, para lo que se solicita que se tomen declaraciones a varios responsables de organizaciones de ese sector.

Del mismo modo se incide en la falta de exactitud de datos sobre fallecimientos en las informaciones hechas públicas por el Gobierno..

A juicio de Vox Illa ha podido incurrir en los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal en su en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos delitos de lesiones por imprudencia grave (artículos 152 y 152 bis), así como en como en delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las Medidas de Seguridad, que contempla el artículo 316 del Código Penal.