El excomisario José Villarejo se considera víctima de una simulación de delito por parte del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y pide por ello que se confirme su expulsión como perjudicado en la causa en la que se investiga la sustracción del móvil de su exasesora Dina Bousselham.

Así lo expone la defensa de Villarejo, que ejerce el abogado Antonio José García Cabrera, en el escrito en el que se opone al recurso de apelación que ha interpuesto Iglesias contra la decisión de retirarle dicha condición en la pieza 10 del caso Villarejo sobre la tarjeta del móvil de Bousselham.

En su escrito, a la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Efe, el letrado sostiene que el perdón de Bousselham que "con tanta benevolencia" ha propuesto la Fiscalía que le otorgue a Iglesias en una comparecencia a la que él juez se ha opuesto "por precipitada", ya que antes quiere conocer el origen de los daños en la tarjeta que recuperó el líder de Podemos, puede no ser suficiente para evitar la acción penal.

El letrado cita una sentencia del Supremo que determina que en ocasiones,aunque el inicio de la causa penal queda en manos del ofendido, una vez iniciada aquella, el eventual perdón podría carecer de eficacia por afectar el hecho a intereses generales o a bienes jurídicos respecto de los que el ofendido no tiene una especial disponibilidad.

A lo largo del escrito, el abogado arremete contra la actuación de la Fiscalía en esta pieza del caso Villarejo, que, según recuerda, el excomisario declaró desde el primer momento que se abrió "de una manera espuria" para "ayudar electoralmente al Sr. Iglesias", "promoviéndolo como perjudicado cuando evidentemente no lo era".

Lamenta que se le concediera esa condición cuando "ni era titular del móvil ni de la tarjeta sim supuestamente hurtados, ni del contenido de las imágenes y restantes contenidos personales de la Sra.Bousselham" y reprocha al juez haber "catapultado" al líder de Podemos cuando le explicó que le tenía como perjudicado en la causa porque estaba investigando "una organización criminal".

Eso le permitió presentarse ante los medios tras declarar ante el juez, y poco antes de las elecciones, como víctima de las "cloacas del Estado", rememora el escrito, que subraya que ahora, un año después, "existen indicios sólidos para afirmar" que los testimonios que prestaron él y Bousselham para "mostrarse parte acusadora" pudieron ser "inveraces".

Considera que pueden haber incurrido en un delito de falso testimonio y, "en tanto que se ha ejercitado la acción penal contra mi patrocinado, si se acredita, como ha publicado la prensa, que conocían que el contenido del móvil publicado no fue producto de un robo, sino de una filtración; podría constituir un delito de simulación de delito".

De lo actuado hasta ahora, señala el escrito, "resulta acreditado que el Sr. Iglesias se apropió de un bien que no era de su propiedad durante un periodo mínimo de 5 meses, hasta un máximo de 39 meses; y además accedió al contenido de esa tarjeta de memoria, el día 20 de enero de 2016 y con posteriodad".

Además, añade, conoció "en profundidad su contenido completo, como ha reconocido" al recibirla de manos del presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio.

"Es decir resulta acreditado que accedió, con conocimiento y voluntad, a datos íntimos y personales de la Sra. Bousselhan y de otras personas que participan en chats de carácter político así como a otros contenidos a los que hasta el momento no se ha permitido acceder a esta defensa y que bien pudieran ser los motivos reales por los que el Sr. Iglesias mantuvo la tarjeta en su poder y de que la devolviera dañada a su propietaria".

Se trataría, especula el abogado, de datos que pudieran "afectarle a él personalmente, al partido político al que pertenecía o a terceros, siendo además que parte de los mismos posteriormente se divulgaron públicamente, lo que podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos", agrega a la lista de tipos penales que podrían haber sido infringidos, a la que añade también el de daños informático por el deteriorado estado en que se encontraba la tarjeta.

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Villarejo recuerda que él recibió el pendrive con una copia de los datos de la tarjeta que le entregó el exdirector de Interviú cuando "ya estaba en poder de todas las redacciones" y asegura que "lejos de que Pablo Iglesias fuese objeto de una actuación para perjudicarle, las órdenes recibidas en el Ministerio de Interior eran en sentido contrario".

"Ante una información que podría haber tenido incluso reproche penal, se boicoteó esta y se ocultó a la autoridad judicial", sostuvo el excomisario al situar a la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría al frente de esa operación de boicotear informaciones perjudiciales para Podemos.