Roger Mateos

Si no hay cambios sobre el plan previsto, mañana declarará en el juicio del "procés" la "oveja negra" de los doce procesados en el Tribunal Supremo, Santi Vila, el conseller más cercano a Carles Puigdemont en lo personal y el menos convencido de su rumbo político, que acabó enemistado con todos sus compañeros de Govern.

En octubre de 2017, el mes más vertiginoso en la historia del independentismo catalán, Vila aguantó hasta el penúltimo minuto en su puesto de conseller de Empresa y Conocimiento, hasta que decidió saltar del barco la misma víspera de la declaración unilateral de independencia (DUI) que aprobó el Parlament.

En realidad, en esa breve pero agitada legislatura fueron muchas las ocasiones en las que Vila sopesó dejar el Govern, según relatan a Efe diferentes fuentes soberanistas.

Si no lo hizo antes fue porque pensó, erróneamente, que no se llegaría al nivel de tensión que se alcanzó ese mes de octubre.

Primero dudó de que se llegara a celebrar un referéndum el 1-O, descartó en todo caso una DUI posterior, estaba convencido de que el choque institucional con el Estado acabaría con unas elecciones anticipadas en Cataluña y no quería abandonar el Govern antes de tiempo y que le etiquetaran de 'botifler' (traidor).

Su plan, apenas disimulado, era convertirse en el candidato del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat, algo que llegó a tener en su mano, ya que contaba con el aval de Puigdemont, de Artur Mas y, finalmente, de Marta Pascal, pero falló lo esencial: el entonces president no convocó elecciones, sino que dejó que el Parlament aprobara la DUI, y eso para Vila era pisar una línea roja.

Paradójicamente, Vila era el conseller que había forjado una relación personal más estrecha con Puigdemont, unos lazos creados durante sus etapas en el mundo municipal en tierras gerundenses.

Como alcalde de Figueres (Girona), Vila ayudó a Puigdemont a consolidarse como alcaldable de la antigua CDC por Girona, objetivo que logró materializar en 2011, y entre ellos se fue desarrollando una íntima confianza pese a sus perfiles políticos tan distintos.

Mientras Puigdemont abanderaba la línea más inequívocamente independentista de CDC, Vila era la cara visible del sector más moderado, pero ambos compartían formas heterodoxas y una escasa simpatía por las rígidas estructuras orgánicas del partido.

En el Govern, Puigdemont siguió confiando en él, pese a las advertencias de otros consellers -de PDeCAT y ERC-, que le informaban periódicamente de supuestas críticas de Vila a los planes del president, ante empresarios o interlocutores de Madrid.

Puigdemont no sólo lo mantuvo en su ejecutivo, sino que en julio de 2017, en la remodelación para dejar salir a los consellers más dubitativos con el 1-O, lo invitó a cambiar la cartera de Cultura por la de Empresa y Conocimiento, en lugar del destituido Jordi Baiget, lo que granjeó a Vila aún más recelos de sus compañeros.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras el 1-O, Vila buscó convencer, por enésima vez, a Puigdemont de que lo más conveniente era convocar elecciones y evitar que el Gobierno de Mariano Rajoy suspendiera el autogobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Tuvo un papel primordial a la hora de buscar la mediación, principalmente, del lehendakari, Iñigo Urkullu, y la noche del 25 de octubre de 2017, cuando la plana mayor del independentismo se dio cita en el Palau de la Generalitat, Vila saboreó por unas horas la victoria: Puigdemont estaba dispuesto a disolver el Parlament, convocar a los catalanes a las urnas y así evitar el 155.

Pero todo se torció a la mañana siguiente, cuando por un cúmulo de circunstancias Puigdemont dio un giro de 180 grados y, en lugar de firmar el decreto de convocatoria, abrió la puerta a que el Parlament aprobara la DUI: esa misma noche, un Vila hundido, presentó su dimisión.

En los meses siguientes, el abismo personal entre Vila y sus excolegas de gabinete se fue agigantando, mientras su vinculación al PDeCAT -al que tan cerca estuvo de representar como cabeza de cartel- se acabó rompiendo en junio pasado, cuando se dio de baja.

Vila se enfrenta a una petición fiscal de siete años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de desobediencia grave por los gastos del referéndum y por no atender los requerimientos del Tribunal Constitucional al aprobar el decreto que convocaba el 1-O.

Mañana llegará de nuevo a pie al Supremo, como sus excompañeros Meritxell Borràs y Carles Mundó mientras los otros nueve acusados lo harán en furgón desde la cárcel, donde él pasó una noche antes de abonar la fianza que le impuso el juez.