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Víctimas y partidos valoran el gesto de los presos, que rechazan PP, Cs y Vox

Asociaciones de víctimas, la mayoría de partidos y las instituciones han valorado este martes, con matices y algunos recelos, la voluntad expresada por los presos de ETA de acabar con los recibimientos públicos a los excarcelados, que ha merecido, sin embargo, el rechazo y desconfianza del PP, Vox y Ciudadanos.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 18:45

Asociaciones de víctimas, la mayoría de partidos y las instituciones han valorado este martes, con matices y algunos recelos, la voluntad expresada por los presos de ETA de acabar con los recibimientos públicos a los excarcelados, que ha merecido, sin embargo, el rechazo y desconfianza del PP, Vox y Ciudadanos.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el que ha abanderado la lucha y la denuncia de los "ongi etorri" desde 2016, ha considerado una "buena noticia" la intención de los presos de acabar con los recibimientos públicos, aunque ha descartado que pueda considerarse un gesto "por la paz y la convivencia" sino que obedece a un "cálculo estratégico".

"Que nadie espere que ahora les tengamos que dar las gracias por dejar de homenajear públicamente a asesinos y terroristas. Que nos alegremos de esta noticia es una cosa, y otra muy diferente es que tengamos que reconocérselo como un gesto por la paz y la convivencia", ha afirmado Covite, que ha calificado la noticia de "triunfo".

También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha considerado un "alivio" el fin de los "ongi etorri", aunque ha mostrado su desconfianza, ya que ETA "muchas veces ha dicho una cosa y ha hecho otra", al tiempo que ha pedido a los presos que colaboren con la justicia para esclarecer los casos sin resolver.

La Fundación Fernando Buesa, la asociación Gogoran-Memoria Digna y Elkarbizi han considerado que la decisión del colectivo de presos de ETA (EPPK) constituye una "victoria ciudadana".

Estas tres entidades llevaron a distintos ayuntamientos de Euskadi y Navarra un texto que bajo el título "Los victimarios en el espacio público" reclamaba poner fin a los homenajes a presos de ETA al abandonar la cárcel.

"Celebramos este paso que, aunque tarde y después de haber generado un daño ético y moral evidente, llega gracias a la presión social", han concluido las tres asociaciones.

También desde el ámbito institucional se ha acogido con satisfacción la decisión, aunque con ciertos recelos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado el comunicado una "buena noticia", aunque cree que "podía haber llegado mucho antes" para ahorrar el "sufrimiento multiplicado" que han padecido las víctimas por los actos públicos de homenaje a etarras.

También el Gobierno Vasco, a través de su portavoz, Bingen Zupiria, ha saludado la decisión de los reclusos, un "paso más" en la construcción de la convivencia, aunque ha considerado que hacen falta aún "más gestos".

El Gobierno de Navarra se ha "congratulado" por el "paso importante" dado por el EPPK, que avanza en la línea de "reconocer, de reparar a esas víctimas del terrorismo que veían que ese tipo de actos les volvían a sumergir en el dolor y la revictimización de los sucesos ocurridos".

En el terreno partidista, esta cuestión ha vuelto a enfrentar a las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, donde PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC y EH Bildu han tumbado la toma en consideración de una proposición de ley de Ciudadanos para perseguir legalmente los homenajes a etarras, que sí han apoyado el PP y Vox.

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Horas antes de esta sesión, el presidente del PP, Pablo Casado, ha sostenido que el anuncio de los presos era "una fabulación para blanquear a Otegi", tras lo que ha recalcado que los presos de ETA no pueden ser recibidos "ni en público ni en privado".

"Son criminales, son asesinos, son personas que han causado 850 muertes inocentes y toda esa especie de fabulación para blanquear a Otegi y a su banda para que los presupuestos mantengan a Sánchez en el poder es algo que nosotros deploramos muy firmemente", ha afirmado Casado.

La parlamentaria vasca de Vox Amaia Martínez ha tachado de "escándalo" el comunicado de los presos, un texto, ha dicho, "plagado de victimismo y sin atisbo de autocrítica o arrepentimiento, fruto de una estrategia global cuyo objetivo último es elevar a Arnaldo Otegi a la presidencia de Gobierno Vasco" mediante acuerdos con los socialistas.

En la misma línea que Casado, Martínez opina que el hecho de que los homenajes "se hagan en la calle o en un restaurante no cambia absolutamente nada".

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz Gómez ha arremetido contra el PSOE, al que ha acusado de perpetrar "el colmo de la miseria al descolgar anoche el teléfono para llamar a los asesinos y decirles que no quieren más homenajes en público".

En Euskadi, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado "positivo" el gesto, aunque "ha llegado muy tarde", mientras que el nuevo secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha valorado que el fin de los "ongi etorris" significa "una victoria" de las víctimas del terrorismo.

Por su parte, Sortu ha ensalzado el gesto de los presos, que considera un paso cualitativo de "empatía" hacia las víctimas de ETA y una aportación a la "paz y la convivencia", al tiempo que ha exigido al Estado español gestos similares.

El Foro Social, una entidad vasca dedicada a "impulsar el proceso de paz", ya avanzó en octubre que el problema de los "ongi etorri" se encontraba en vías de solución y apuntó entonces la posibilidad de que se limitaran a espacios privados.

Para este organismo, el comunicado constituye "una aportación a la convivencia democrática" y "hace causa común con la mayoría social y política" que desea que "se destierren definitivamente actitudes de obra o palabra que puedan generar más dolor a cualquier tipo de víctimas".

La asociación de familiares de presos de ETA Etxerat ha opinado que la decisión de acabar con los recibimientos públicos "es una inequívoca aportación al reconocimiento del dolor causado por la violencia y una contribución para continuar sanando heridas", mientras que Sare, organización de apoyo a los derechos de los reclusos, ha reclamado pasos en la dirección de acabar con la "política penitenciaria de excepción".

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