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INDULTOS PROCÉS

De la Vega: el Consejo de Estado no tiene competencia sobre los indultos

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la institución "no tiene competencia" sobre los indultos, por lo que declinaba comentar sobre su aplicación, ya que no da "opiniones de lo que no forma parte de la competencia de esta institución". ,"No tengo por costumbre hablar de lo que no le incumbe al Consejo de Estado -ha dicho-, que no tiene competencia sobre esto. La tuvo en el pasado y se suprimió en 1988". ,Fernández de la Ve

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 15:05

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la institución "no tiene competencia" sobre los indultos, por lo que declinaba comentar sobre su aplicación, ya que no da "opiniones de lo que no forma parte de la competencia de esta institución".

"No tengo por costumbre hablar de lo que no le incumbe al Consejo de Estado -ha dicho-, que no tiene competencia sobre esto. La tuvo en el pasado y se suprimió en 1988".

Fernández de la Vega ha ofrecido una rueda de prensa para presentar la Memoria 2020, la nueva web y las actividades programadas para el segundo semestre del año.

Respecto al trabajo del Consejo, ha señalado que el Gobierno no se limita a oír sus dictámenes "sino que lo escucha" y sigue las recomendaciones en el 98 por ciento de los casos.

Durante el año 2020 han tenido entrada en el Consejo de Estado 839 consultas, de las que 95 lo fueron con declaración de urgencia y se despacharon 790 expedientes de los que se adoptaron 689 dictámenes.

De la Vega ha precisado que la pandemia no ha condicionado su trabajo y que se mantuvieron las reuniones para debatir, con 48 sesiones de la Comisión permanente y seis plenos.

Ha subrayado que su trabajo no es imponer sino aconsejar y que sus recomendaciones son tenidas en cuenta "en la mayoría de las ocasiones".

En su opinión, las consultas al Consejo van a aumentar por asuntos relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado a causa de la covid y de la crisis económica.

El consejero y coordinador de la Memoria, Fernando Ledesma, ha agregado que la mayoría de las consultas versaron sobre normas de carácter general, anteproyecto de ley, reales-decretos, tratados internacionales, contratos de la administración, impugnaciones ante el Tribunal de Cuentas o transposición de directivas comunitarias.

Hacían referencia a cuestiones como la modificación de la ley tributaria, concursal, cambio climático, sociedad de capital, regulación de los gases de efecto invernadero, circulación, modernización de la administración pública o los fondos europeos.

Sobre esta última consulta, ambos han dejado claro que el Gobierno recogió "la totalidad de observaciones".

En cuanto a esta última y a preguntas de los periodistas sobre su falta de publicidad, De la Vega ha señalado que el dictamen de una norma "se puede publicar cuando está en el BOE y no antes".

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Ha precisado que forma parte "del proceso de adopción de una decisión del Ejecutivo" y es "un consejo que las autoridad que nos consulta sigue o no", ya que el Consejo de Estado "no impone ni lo pretende", sino que "acompaña y aconseja a la autoridad respetando la discrecionalidad".

Ha reconocido que esa actitud puede parecer que va en contra de la transparencia, pero que no es así.

A su juicio, el Gobierno "refrendó todas las observaciones esenciales que se hicieron al decreto" a pesar de que no era vinculante y que "las deficiencias están en la memoria, no en dictamen" sobre esa consulta.

Ha valorado que la estructura de gestión de los fondos es "adecuada" y que se felicitó al Ejecutivo "por su capacidad para generar esa estructura en tan poco tiempo".

Según Ledesma, el Consejo es "una entidad austera", con un presupuesto de once millones y 140 personas, de las que son altos cargos 30.

Ha dicho que, además de los dictámenes para las diferentes autoridades, también ofrecen "orientación y ayuda" a los ciudadanos y ha augurado que se incrementarán este año por reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado.

De la Vega ha abundado en que se atienden demandas particulares y que el Consejo es "especialmente sensible" con la violencia de género, los accidentes laborales, con la administración de justicia y penitenciaria y ha añadido que muchas sentencias de altos tribunales y de juzgados están basadas en dictámenes de la institución.

Ante el previsible aumento de la litigiosidad, ha asegurado que están preparados y que se va a dar respuesta a todas las demandas que lleguen y Ledesma ha apuntado que se va a reforzar el Consejo con más personal.

Preguntados por si el Gobierno ignora "aspectos esenciales" de los dictámenes, Ledesma ha indicado que las "observaciones de legalidad" la autoridad consultante las puede aceptar o no, si las acepta deberán aparecer en el BOE, con la expresión "de acuerdo al Consejo de Estado" y que, cuando no son atendidas", aparece "oído el Consejo de Estado", por lo que se puede deducir que "no se ha seguido la observación".

Ha señalado que no recordaba ningún supuesto de observación esencial que no haya sido seguido por los gobiernos. EFE

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