La Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera que el Estado debe personarse en el procedimiento abierto en Bélgica a raíz de la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconsellers huidos, para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.

En un comunicado, esta asociación ratifica su compromiso en la defensa de la "soberanía e independencia de la jurisdicción española".

Le resulta "absolutamente inasumible" y "completamente improcedente el intento de fiscalizar o enjuiciar, ante órganos judiciales extranjeros, la actividad jurisdiccional desarrollada por un magistrado español en el pleno ejercicio de sus funciones", en referencia al instructor de la causa del "procés", Pablo Llarena.

Ratificamos nuestro compromiso en defensa de la soberanía e independencia de la jurisdicción española. pic.twitter.com/gQ4K0xyoGb

— UPFiscales (@UPFiscales) 25 de agosto de 2018

A juicio de la UPF, el solo planteamiento de esta cuestión "supone un grave atentado contra la soberanía" del Estado español y contra "la independencia de sus órganos jurisdiccionales".

Por ello, ha querido expresar su "unidad en defensa" de Llarena, así como la necesidad de que el Estado español se persone en el procedimiento judicial iniciado en Bélgica "a fin de alegar, como cuestión previa, la inmunidad de jurisdicción en relación al libre ejercicio de su funciones en el ámbito del proceso penal iniciado en España".

El comunicado de la UPF se produce después de que otras cinco asociaciones de jueces y fiscales hayan exigido al Gobierno, a través de un comunicado "en defensa de la soberanía jurisdiccional de España", que asuma la defensa Llarena ante la justicia belga.

La nota la firman la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Los comunicados citados se han hecho públicos una vez que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurase ayer que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena en Bélgica, pero dejara claro que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.