(Corrige el titular de la NA4375)

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado a los grupos parlamentarios que insten al Gobierno a derogar, vía real decreto-ley, el artículo que introdujo la limitación de los plazos de instrucción en los procedimientos penales, cuya derogación está congelada en el Congreso.

En el comunicado remitido a los grupos, la asociación manifiesta que existen suficientes motivos para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de Real Decreto-ley, dada "la extraordinaria y urgente necesidad de evitar el riesgo de impunidad" que, a su juicio, acarrea la limitación de plazos.

Se trata de una de las peticiones que los fiscales han dirigido a los grupos políticos de manera reiterada al considerar que el límite de los plazos de instrucción puede abrir espacios de impunidad dado que no hay suficientes medios para cumplir los límites fijados.

Recientemente, el Congreso, con la oposición del PP, aprobó una proposición no de ley en la que instó a PP y Ciudadanos a que desbloqueen una iniciativa registrada por Podemos el año pasado para derogar el citado artículo, que se encuentra congelada en el Congreso por 53 ampliaciones de plazo para enmiendas.

La UPF alerta de que el próximo 6 de diciembre vence el plazo máximo de 36 meses fijado para instruir aquellas causas complejas que se incoaron antes de la entrada en vigor del mencionado artículo.

Una fecha importante, dice la asociación, pues supone "una amenaza para la efectiva reparación de todas las víctimas", razón que "justifica sobradamente la urgencia y necesidad" de la derogación del 324 de la Lecrim por vía de Real Decreto-ley.

La UPF apela así a la "responsabilidad parlamentaria" para que esta medida se lleve definitivamente a cabo y recuerda que ya se han presentado tres iniciativas (una del PSOE, otra de Podemos y otra Ciudadanos) que contemplan poner fin a los plazos de instrucción.

Además, según la asociación, el presidente del PP, Pablo Casado, asumió su compromiso en derogar dicho artículo en una reunión celebrada el pasado mes de septiembre con las siete asociaciones de jueces y fiscales.