Una decena de los más de veinte investigados por la Guardia Civil por los cortes de la autopista AP-7 en la frontera con Francia los pasados 11 y 12 de noviembre han acudido este lunes a la comandancia de Girona, donde todos los citados se han acogido a su derecho a no declarar.

Aquella acción, convocada por la organización independentista Tsunami Democràtic, se prolongó unas treinta horas y acabó con el desalojo de los manifestantes por parte de los cuerpos policiales franceses y españoles.

El abogado de algunos de los citados Benet Salellas ha asegurado que los letrados de la defensa no han tenido acceso a los atestados porque el Juzgado de Instrucción número 4 de Figueres (Girona) ha decretado secreto de sumario.

La causa está abierta por los delitos de daños, desórdenes públicos y contra la seguridad vial y el resto de investigados serán citados a declarar el próximo lunes.

Salellas ha detallado que, a parte del procedimiento penal, que la Guardia Civil abrió de oficio, se abrió también uno administrativo por infracción de la ley de seguridad ciudadana que se ha "congelado" a la espera de que acabe el primero, aunque se podría reactivar después "y acabar en una sanción económica".

La imposibilidad de acceder al expediente por el secreto de las actuaciones es el argumento para no declarar, aunque de forma verbal han comunicado al letrado que la policía identificó a varias personas al acabar las protestas, así como a algunos vehículos.

"Están analizando las imágenes de que disponen de esta manifestación para ver si pueden ubicar a estas personas en algún momento de los hechos", ha indicado Benet Salellas, para quien participar en la acción "no puede ser considerado un delito".

Para Salellas, se trataría en ese caso de "un grave ataque de criminalización del derecho fundamental de manifestación".

Unas setenta personas han acudido a la comandancia para dar su apoyo a los investigados y la calle ha permanecido cortada al tráfico más de dos horas.

Tsunami Democràtic ha hecho público un comunicado en el que ha anunciado que dará apoyo "económico y técnico a las personas denunciadas o sancionadas".