La UGT ha defendido hoy que el informe pericial remitido al juzgado que investiga presuntas irregularidades en subvenciones de la Junta al sindicato para formación, "en ningún momento" pone "en tela de juicio la realización efectiva" de los cursos ni "se realizan valoraciones" sobre "facturas ficticias".

En un escrito remitido por el sindicato, la UGT-Andalucía recuerda que la realización de los cursos con subvenciones "sí era puesta en duda al inicio de este procedimiento", al contrario de lo que indica el informe pericial, del que han tenido conocimiento a través de los medios al no ser parte personada en la causa como organización (sí hay varios exdirigentes del sindicato investigados).

No obstante, "de lo publicado debemos mostrar nuestra disconformidad con determinadas afirmaciones que según se publica se han realizado en dicho informe, las cuales serán objeto de valoración por nuestros servicios jurídicos una vez sea posible acceder a dicho informe pericial".

En concreto, considera "injustificadas determinadas afirmaciones" respecto a la "elegibilidad y/o subvencionabilidad del gasto material que no es objeto del procedimiento judicial ni de la pericial encargada por el juzgado".

La UGT muestra su colaboración con los órganos judiciales "teniendo el pleno convencimiento de que nunca ha existido ánimo defraudatorio en ninguna actuación realizada en el seno de esta organización".

El informe pericial remitido al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, relativo a 11 expedientes de ayudas cuyo análisis fue solicitado hace tres años, apunta que el sindicato imputó al Gobierno andaluz gastos no subvencionables por 5,3 millones, que "vienen a suponer un aumento del coste" de los cursos.

El perito detecta que en todos los casos, aunque la UGT era beneficiario de las subvenciones de la Junta, los cursos eran impartidos por entidades colaboradoras a modo de "subcontrataciones", principalmente IFES.

Las facturas emitidas por esta entidad "pone de manifiesto que IFES ejecutaba los cursos en su totalidad" por lo que "todos los gastos imputados que no correspondan a IFES, con excepción de los de contratación de auditorías, no son subvencionables o elegibles y vienen a suponer un aumento del coste de la actividad subvencionada", sostiene el informe.

Analizando caso a caso, el informe cuantifica en 5,3 millones de euros los gastos justificados a la Junta y no correspondientes a IFES para la ejecución del curso, entre ellos "gastos de la propia UGT" como "nóminas y seguros sociales de empleados que se suponen de UGT", amortizaciones, publicidad o seguros de accidente.

También alquileres de equipos y aulas a "un entramado de entidades vinculadas" al sindicato como Soralpe, lo que a juicio del perito "deriva en una práctica de lo que parece ser un aumento innecesario del coste de la subvención, prohibido por la Ley General de Subvenciones".