Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se han desplazado al Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia) para pedir nueva documentación solo han solicitado las claves de los correos electrónicos que ya cambiaron los propios agentes en junio cuando se desarrolló la operación.

Así lo han explicado a Efe fuentes de la representación jurídica de los investigados -entre los cuales se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez-, que han recalcado la "indignación" de sus representados por una petición que consideran "surrealista".

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, por orden del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga irregularidades en las contrataciones en la empresa pública Divalterra, se ha autorizado a pedir nueva documentación en la Diputación, en el Ayuntamiento de Ontinyent y en la empresa pública.

Esa operación se saldó con la detención del entonces presidente de la corporación provincial y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, dos asesores y tres altos cargos de Divalterra, empresa de capital público dependiente de la Diputación.

Las fuentes de la representación jurídica de los investigados han señalado a Efe que, sin embargo, los agentes se han limitado a solicitar las claves de dos cuentas de correo electrónico que ya fueron intervenidas el pasado junio y a los que desde aquel momento sólo se puede acceder con la contraseña que introdujo la propia policía.

Las mismas fuentes han recalcado que esta nueva petición "no tiene ninguna justificación" cinco meses después de una operación que sigue bajo secreto de sumario.

Por este motivo han anunciado que presentarán una queja ante el juzgado que instruye la causa ante lo que consideran una diligencia incomprensible que no hace sino demorar aún más el levantamiento del secreto, una situación que en su opinión no debe prolongarse más en el tiempo porque les genera indefensión.

La causa está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, y se inició tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.