(Actualiza la NA2048 con más datos de la declaración)

El exconseller de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull ha asegurado este martes ante el Tribunal Supremo que "no se gastó ni un euro en el referéndum" del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Lo ha hecho en la cuarta jornada del juicio del "procés", que celebra el Tribunal Supremo, en la que ha comenzado a declarar Turull, que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel por un delito de rebelión agravado con malversación.

Como hiciera la semana pasada el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, Turull ha negado que se empleasen fondos públicos para gastos de organización del 1-O, una vez que el Tribunal Constitucional anuló las partidas presupuestarias que estaban destinadas al referéndum.

"Cuando llega sentencia del Constitucional el 5 de julio yo no era conseller. Yo lo que se es que a partir del 14 de julio, cuando yo entro -pero por lo que me informado también antes- no se gastó ni un euro en el referéndum", ha señalado.

En relación a la intervención de las cuentas de la Generalitat antes del 1-O, Turull ha dicho que llegó a ser "absolutamente surrealista" y "de no confianza a los servidores públicos que evidentemente no habrían dejado gastar dinero publico".

En tono irónico, el exconseller de Puigdemont ha asegurado que "la Generalitat no funciona con papel carbón desde hace años", sino a través de la firma electrónica y es "imposible" autorizar ninguna partida sin haber pasado antes "por los trámites de fiscalización"

Ha calificado de "ofensivo" que desde Hacienda se les preguntase "si a través del banco de tejidos y sangre se estaba destinando dinero al referéndum" cuando la Generalitat "ha cumplido siempre con sus deberes".

La Fiscalía sostiene que varios gastos del 1-O como papeletas o censo electoral se escondieron en cinco Consellerias, entre ellas la de Turull, pero también la de Oriol Junqueras, la de los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa y otras dos de procesados huidos.

Algo que ha negado Turull y, en concreto en relación a Unipost, la empresa supuestamente encargada de la distribución postal de las papeletas para el 1-O, ha afirmado que no hubo "ningún encargo ni ninguna adjudicación" ni se habló "absolutamente con nadie".

Del acuerdo de gobierno del 6 de septiembre de 2017 para desarrollar el referéndum, ha admitido que con él asumieron "todo lo que se tuviera que hacer" para llevar a término la consulta y que fue firmado por todos los miembros del Govern en bloque porque en esa época "había mucha literatura de si unos estaban implicados y otros con el referéndum".