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Túnez cumple diez años desde la huida de Ben Alí y el fin de un régimen marcado por la represión y la corrupción

Europa Press

Tiempo de lectura: 5'Actualizado 11:44

El exmandatario murió en 2019 en Arabia Saudí, donde logró asilo tras su fuga de Túnez

Túnez cumple este jueves diez años desde la histórica salida del poder en 2011 del entonces presidente, Zine el Abidine ben Alí, en el marco de una oleada masiva de protestas consideradas como la chispa que hizo prender la conocida como 'Primavera Árabe' en el norte de África y Oriente Próximo.

Las movilizaciones en el país, sumido ya en un gran descontento por el inmovilismo político, la crisis económica y la corrupción, estallaron con mayor fuerza después de que el joven Mohamed Buazizi se inmolara en diciembre de 2010 a lo bonzo después de que la Policía incautara su puesto de venta ambulante.

Ben Alí, una destacada figura política del país, ascendió al poder en 1987 tras un golpe institucional ese año contra el entonces mandatario, Habib Burguiba --quien en 1957 se convirtió en el primer presidente de Túnez tras la independencia--, después de declararle como "incapacitado" cuando él ocupaba el cargo de primer ministro.

Así, Ben Alí invocó un artículo constitucional que autorizaba la inhabilitación del presidente en caso de que estuviera incapacitado mentalmente, lo que fue certificado por un comité médico, ante la polémica por la decisión del presidente de volver a juzgar a un grupo de islamistas y de ejecutar a tres de ellos, lo que desató preocupaciones en el seno del Gobierno ante un posible conflicto.

Tras ello, Burguiba fue trasladado a una vivienda en Monastir ante el deterioro de su estado de salud --falleció finalmente en el año 2000 a los 96 años--, mientras que Ben Alí se hizo con el control del gubernamental Partido Socialista Desturiano, que renombró como Agrupación Democrática Constitucional.

El nuevo presidente se presentó como el sucesor natural del histórico líder tunecino y mantuvo prácticamente sin cambios sus políticas si bien prometió reformas políticas y económicas e introdujo una apertura de la economía del país a la economía de mercado.

Estas medidas, aplaudida por los organismos financieros internacionales por los avances a nivel macroeconómico, no se vieron reflejadas sin embargo en una mejora de la calidad de vida de los tunecinos, con un elevado nivel de pobreza y desempleo, especialmente en el sur del país.

Las provincias del sur fueron escenario de numerosas protestas para exigir un mejor reparto de los ingresos derivados de la explotación de minas y yacimientos en esta zona del país, si bien Ben Alí aplicó una política de mano dura y reprimió de forma violenta las manifestaciones, lo que aumentó el resentimiento contra él.

La situación de derechos y libertades fue también muy precaria durante su régimen, marcado por los abusos contra opositores y activistas, una campaña que justificó como parte de la lucha contra el extremismo islamista y el terrorismo, respaldada por parte de los países occidentales ante el temor de una desestabilización en la costa sur del Mediterráneo.

Estas tensiones se vieron incrementadas por la corrupción en las altas esferas, especialmente entre la familia del presidente y sus círculos más cercanos, el nepotismo y la falta de oportunidades para una nueva generación de jóvenes formados en institutos y universidades del país que veían cerradas las puertas para ascender en la escala social y se veían relegados al desempleo o los trabajos no especializados.

LAS MOVILIZACIONES POPULARES

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En este contexto, la inmolación de Buazizi, quien fue ingresado en estado grave y falleció a principios de enero en el hospital, fue considerada como la muestra del hartazgo de la población y su nivel de desesperación ante la injusticia y la arbitrariedad de las autoridades, lo que derivó en movilizaciones masivas en la conocida como 'Revolución de los Jazmines'.

Estas manifestaciones, que crecieron en intensidad durante los días posteriores para exigir la dimisión de Ben Alí, llevaron al presidente a denunciar la existencia de "mercenarios" detrás de las mismas y a advertir con una nueva campaña de represión, lo que encendió aún más los ánimos.

Sin embargo, posteriormente rebajó el tono y anunció una remodelación de su Gobierno, así como el cese de varios gobernadores, lo que se vio sumado a una serie de promesas para intentar apaciguar los ánimos ante el avance de las protestas, que fueron ganando apoyos y aumentando la presión contra él.

Finalmente, el 14 de enero de 2011 procedió a disolver el Ejecutivo, a declarar el estado de emergencia y a prometer elecciones en seis meses, si bien la ola imparable de las protestas le llevó a abandonar ese mismo día el país con destino a Arabia Saudí.

La huida de Ben Alí estuvo igualmente marcada por la polémica, después de que Francia --uno de sus principales aliados hasta entonces-- rechazara concederle permiso para aterrizar en el país. Arabia Saudí justificó su decisión en favor de la "estabilidad" en Túnez y exigió al ya expresidente que se mantuviera alejado de la política como condición para el asilo.

La salida de Ben Alí del poder desencadenó un proceso de transición que ha derivado en una serie de reformas que han abierto el espacio democrático y que han hecho del país el ejemplo de los avances de la 'Primavera Árabe', si bien una sucesión de gobiernos no ha logrado estabilizar la situación económica, marcada aún por la crisis.

EL LEGADO CORRUPTO DE BEN ALÍ

El exilio de Ben Alí no evitó sin embargo que los tribunales empezaran a abordar una serie de casos contra él por la represión de las protestas, que se saldaron con más de 300 muertos y 2.000 heridos, así como una batería de cargos por corrupción en los que estaba implicado.

Las nuevas autoridades emitieron una orden de arresto internacional por robo y malversación entre otros cargos, mientras que los vídeos grabados en su residencia revelaron la presencia de grandes cantidades de dinero y joyas obtenidos a través de fondos ilegales, lo que llevó a Suiza a congelar sus cuentas en el país.

Ben Alí fue sentenciado en rebeldía en 2012 a cadena perpetua por complicidad en la muerte de manifestantes, mientras que se impusieron varias condenas a decenas de años de cárcel por corrupción, casos en los que también fueron sentenciados su esposa, Leila Trabelsi, y varios de sus familiares, incluido su cuñado, Murad Trabelsi, fallecido en abril de 2020 en un hospital tunecino al que fue trasladado desde prisión.

El expresidente rechazó los cargos desde su refugio en Arabia Saudí, donde mantuvo un perfil muy bajo, sin aparecer prácticamente en público hasta su fallecimiento a los 83 años en septiembre de 2019. Hasta su muerte logró evitar que se cumpliera la petición de extradición emitida por Túnez a través de Interpol.

Por su parte, tanto Trabelsi como dos de sus hijos siguen viviendo en Yeda, si bien la familia de su esposa se ha visto sumida en varios procesos judiciales de los que no ha podido escapar, entre ellos Imad Trabelsi, un sobrino de Leila condenado a más de cien años de cárcel por corrupción tras ser detenido cuando intentaba huir a Francia tras la caída de Ben Alí.

Asimismo, Belhasén Trabelsi, quien huyó a Italia y después a Canadá, donde permaneció hasta 2016, cuando se le perdió la pista, fue detenido en 2019 en Francia y en estos momentos está a la espera de una vista para su extradición a Túnez, donde se han presentado cargos por corrupción contra él.

Por su parte, Slim Chibub, esposo de una de las hijas de Ben Alí, regresó al país en 2014 para rendir cuentas y pasó un año en prisión, tras lo que alcanzó un acuerdo para devolver el dinero robado a cambio del fin de las investigaciones. El antiguo presidente del equipo de fútbol Esperance fue detenido nuevamente en 2020 tras ser acusado de no saldar sus deudas y no cumplir su parte del acuerdo.

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