JUSTICIA PROCÉS (Ampliación)

El TSJC juzgará el 28 de noviembre a los compañeros de Forcadell en la Mesa

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado para el 28 de noviembre el inicio del juicio por desobediencia a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament en la etapa de la presidenta Carme Forcadell, tras acordar la nueva fecha con los abogados de las partes.,En una diligencia, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha señalado la celebración del juicio contra los exmiembros de la Mesa Lluís Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT)

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 10:51

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado para el 28 de noviembre el inicio del juicio por desobediencia a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament en la etapa de la presidenta Carme Forcadell, tras acordar la nueva fecha con los abogados de las partes.

En una diligencia, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha señalado la celebración del juicio contra los exmiembros de la Mesa Lluís Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (EUiA), además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, para los días 28 y 29 de noviembre y 3 y 4 de diciembre, en sesiones de mañana y tarde.

El juicio por desobediencia contra los diputados soberanistas de la Mesa del Parlament en la etapa de Forcadell se fijó inicialmente entre los días 18 y 22 de noviembre, pero se aplazó porque dos de los letrados de la defensa tenían previstas otras vistas para esos días con anterioridad.

El Tribunal Supremo condenó ayer a Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión por un delito de sedición por el papel "decisivo" que tuvo en crear una "legalidad paralela carente de validez" desde su "privilegiada posición" como presidenta de la cámara catalana.

En la causa en el TSJC a los compañeros soberanistas de Forcadell en la Mesa y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, la Fiscalía pide penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación, así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave.

Por su parte, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, y multa de 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación para Nuet y Boya, todos ellos acusados de desobediencia grave.

Asimismo, la acusación popular de Vox pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para esos seis acusados, a los que considera autores de un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia.

La causa contra los miembros de la Mesa -iniciada a raíz de varias querellas de la Fiscalía- se juzgará en el TSJC, después de que el Tribunal Supremo decidiera desgajarla del proceso contra Forcadell y el resto de líderes independentistas y remitirla al alto tribunal catalán para su enjuiciamiento.

Los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Simó, la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet, de JxSí, y Joan Josep Nuet, secretario tercero de CSQP, están acusados de permitir que la cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.

Tras la declaración de independencia del 27S, los miembros de la Mesa de JxCat y CSQP declararon como investigados ante el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por permitir la tramitación de la ley de referéndum que preveía el 1-O y de la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el Constitucional.

La exdiputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputada por el Supremo en el caso del "procés" por ser quien presentó, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo al español para el caso de que el "sí" a la independencia ganara en el 1-O. EFE.

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